Durante la noche del pasado viernes, diversas localidades de La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos fueron escenario de intensas protestas y cacerolazos. El detonante común de estas manifestaciones fueron los prolongados cortes de energía eléctrica, una situación recurrente para la población cubana que, en algunas zonas específicas, ha superado las 24 horas consecutivas de interrupción del servicio.
En la capital, los focos de protesta se concentraron en varios repartos. Según videos difundidos por el creador de contenidos exiliado Saúl Manuel, se registraron toques de cazuela en Valle Grande, perteneciente al municipio de La Lisa; en Caballo Blanco, en San Miguel del Padrón; y en Ciudad Jardín, ubicado en el Reparto Eléctrico del municipio Arroyo Naranjo.
En el reparto Valle Grande, las imágenes capturadas en la oscuridad muestran el sonido persistente de las cazuelas, acompañado de gritos que denuncian el agotamiento del pueblo y expresan el rechazo al comunismo y al socialismo, exigiendo en su lugar libertad. A pesar de la presencia de agentes de la Seguridad del Estado en el lugar, se escucharon consignas como "Abajo los comunistas", recibiendo el respaldo de los participantes.
Simultáneamente, en Caballo Blanco, los manifestantes iluminaron parte de la vía pública con una hoguera mientras realizaban el cacerolazo y alertaban sobre la presencia de efectivos policiales en la zona. Por su parte, en Ciudad Jardín, los residentes denunciaron que llevaban varios días sin suministro de agua y casi 20 horas sin electricidad ni conexión a internet. Según los reportes, el cacerolazo contó con la participación de personas que usualmente no se manifiestan. La protesta se extendió hasta la entrada del reparto Eléctrico, donde fue interrumpida por la llegada de fuerzas represivas, quienes golpearon y detuvieron a varios manifestantes.
Otro punto crítico en La Habana fue la Loma de Jesús del Monte, donde un grupo de ciudadanos cerró la calzada Diez de Octubre, frente a la Iglesia Jesús del Buen Pastor. Los manifestantes exigían el restablecimiento inmediato del servicio eléctrico tras pasar más de una semana sin corriente. Orlando Ramírez Cutiño, familiar del ex preso político Jonathan Torres Farrat, relató a Martí Noticias que el suministro ha sido intermitente, con cortes que dejan la luz solo diez o quince minutos.
Ramírez Cutiño describió la precaria situación humanitaria derivada de los apagones: la pérdida de los pocos alimentos que se logran conseguir, la necesidad de que los niños duerman en las aceras y portales debido al calor extremo, y la imposibilidad de filtrar, hervir o enfriar el agua para el consumo humano.
Además de las fallas técnicas, Ramírez Cutiño denunció presuntos actos de corrupción dentro de la estatal Empresa Eléctrica. Aseguró que existen denuncias sobre la venta de electricidad, alegando que funcionarios cobrarían entre 200 y 500 dólares para garantizar 24 horas de servicio a ciertos usuarios mientras se corta el circuito a otros. Si bien la Unión Eléctrica (UNE) confirmó recientemente que dos trabajadores están bajo investigación por lucrar con el suministro, Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), minimizó estos hechos durante la misma semana.
La crisis también alcanzó Santiago de Cuba, específicamente en el Reparto Sueño. Según información enviada al periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada, el cacerolazo fue respondido con represión policial. El arresto de un joven durante la protesta provocó que más residentes salieran a las calles. Aunque las autoridades restituyeron la electricidad poco después, el servicio duró brevemente.
Finalmente, en Cienfuegos, los vecinos del Reparto Pastorita protestaron tras enfrentar más de 56 horas sin energía eléctrica. Testimonios enviados al periodista Mario Pentón señalan que, además del apagón, los residentes de un edificio de 18 plantas han sufrido graves problemas de abasto de agua durante cinco días. Tras el toque de cazuela, se reportó la llegada de fuerzas policiales al lugar, aunque se desconoce si hubo detenciones.
Estas manifestaciones se enmarcan en un contexto de crisis aguda que atraviesa el país desde hace al menos cinco años, donde la población vincula el deterioro de los servicios básicos con el modelo socialista impuesto hace décadas.
