La capacidad de respuesta del Estado venezolano fue puesta a prueba tras el doble sismo ocurrido el 24 de junio de 2026, revelando una brecha crítica entre el despliegue nominal de recursos y la eficacia real en el terreno. Según datos detallados en el informe "La insuficiente respuesta estatal" de la ONG Transparencia Venezuela, el Gobierno nacional no logró activar sus mecanismos de rescate en el tiempo vital necesario. Para cuando se alcanzó el máximo despliegue de efectivos civiles y militares, la ventana crítica de 72 horas —periodo fundamental para localizar supervivientes bajo los escombros— ya llevaba más de dos semanas cerrada.
La ineficiencia del despliegue quedó evidenciada en las primeras 48 horas posteriores al terremoto. El Gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez, movilizó apenas el 34,5 por ciento de los 31.837 efectivos que finalmente participarían en la emergencia. Esta cifra contrasta drásticamente con la gestión de crisis de otros países de la región; en un escenario comparable, Chile logró movilizar el 71 por ciento de su pico de funcionarios en el mismo lapso temporal.
Esta demora generó una ola de indignación ciudadana que se manifestó masivamente en redes sociales, donde miles de venezolanos denunciaron el desamparo frente a la magnitud de la tragedia. Las críticas se concentraron en la gestión de Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia, y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), institución que por ley debe desempeñar un rol protagónico en la atención de desastres.
El descontento social fue validado por datos cuantitativos. La encuesta Latam Pulse Venezuela de junio de 2026, realizada por AtlasIntel para Bloomberg entre el 26 y el 30 de junio, reveló que solo el 19,3 por ciento de los consultados aprobó la respuesta del Gobierno y las autoridades competentes. La desconfianza fue particularmente aguda hacia Delcy Rodríguez y el Ejército venezolano, con niveles de confianza de apenas el 24 y 23 por ciento, respectivamente, respecto a su capacidad para gestionar la crisis y liderar la reconstrucción del país.
Este rechazo no fue un fenómeno aislado del sismo. Una medición previa de Delphos, realizada entre el 1 y el 8 de junio de 2026, ya situaba a la FANB como una de las instituciones que menos confianza generaba, con niveles inferiores al 30 por ciento. Esta tendencia es parte de un deterioro prolongado documentado por Latinobarómetro y el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) durante los últimos 25 años. A principios del siglo XXI, Venezuela era el país de América Latina con mayor confianza ciudadana en sus Fuerzas Armadas, con casi siete de cada diez venezolanos respaldando la institución, superada únicamente por la Iglesia (77,5 por ciento). Sin embargo, para el año 2024, Venezuela se posicionó como el segundo país con menor confianza en sus fuerzas armadas en la región, con solo un 25,8 por ciento de apoyo.
Los expertos señalan que este desplome del prestigio militar se debe al deterioro en dimensiones clave: respeto a los derechos humanos, transparencia, profesionalismo y capacidad de respuesta. Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han documentado torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidas por agentes estatales. El Índice de integridad física de V-Dem refleja esta caída, pasando de 0,79 en 1999 a 0,16 en 2025. En este esquema, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia Nacional Bolivariana han sido identificadas como brazos ejecutores de políticas represivas.
A la crisis de derechos humanos se suma la corrupción sistémica. Desde 2013, Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en el continente y, en 2025, fue calificada como el tercer país más corrupto del mundo con una puntuación de 10 sobre 100. El Government Defence Integrity Index (GDI) otorgó a Venezuela la calificación más baja (F), situándola en riesgo "crítico" debido a la opacidad en contrataciones, la falta de control civil democrático y la gestión de personal basada en la lealtad política en lugar de la meritocracia. Además, se han documentado vínculos militares con el narcotráfico, el contrabando y la minería irregular.
Finalmente, el fracaso operativo durante el sismo de 2026 fue el síntoma de una pérdida de capacidad técnica. El informe de Transparencia Venezuela indica que el despliegue se centró en logística y orden público, siendo incapaz de ejecutar búsquedas y rescates urbanos. Ángel Rangel, exdirector de Protección Civil, calificó de "inexplicable" la ausencia de la FANB, atribuyéndola a fallas en la planificación y el mando. Por su parte, el ingeniero David Morán señaló el deterioro del entrenamiento, la pérdida de personal especializado y la falta de mantenimiento de equipos. Una investigación de Reuters corroboró que hubo órdenes demoradas y unidades disponibles que nunca fueron activadas, evidenciando una institución debilitada en su capacidad de decisión y coordinación.
