En octubre de 2011, la ciudad de Portoviejo fue el escenario de un encuentro breve pero cargado de significación. Wellinton Emiro Alcívar Quiñónez, un abogado de 51 años, caminaba con un sobre manila bajo el brazo que contenía información crítica sobre la seguridad nacional del Ecuador. El objetivo de Emiro era directo: hacer llegar pruebas concretas al presidente de la República, Rafael Correa, sobre la profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.
El encuentro ocurrió el 11 de octubre de 2011, durante una visita oficial del mandatario a la provincia de Manabí. La escena tuvo lugar en el edificio de la Gobernación, donde el abogado logró sortear los protocolos de seguridad para acercarse al presidente. En cuestión de segundos, Emiro pudo hablar brevemente con Correa y entregar el sobre manila a uno de los integrantes de la comitiva presidencial. Aquel documento no era una simple carta, sino un compendio de nombres, datos y evidencias que detallaban cómo el cartel de Sinaloa y diversas estructuras criminales provenientes de Colombia habían penetrado la justicia y la Policía Nacional, específicamente en la provincia de Esmeraldas.
La decisión de Wellinton Emiro de exponerse personalmente al presidente no fue impulsiva, sino el resultado de una frustración acumulada. Antes de aquel día en Portoviejo, el abogado había agotado las vías formales de denuncia. Había enviado múltiples alertas a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía, pero sus advertencias no habían generado las respuestas ni las acciones necesarias para frenar la penetración narco en las instituciones.
En aquel entonces, el contexto social y político del Ecuador era drásticamente diferente al actual. El país era percibido y descrito como una “isla de paz”, donde las cifras de muertes violentas representaban solo una fracción de los niveles que se registran en la actualidad. Para la mayoría de la ciudadanía y las autoridades, los relatos de extrema violencia que azotaban a Colombia parecían historias distantes, ajenas a la realidad ecuatoriana. En ese periodo, el concepto de un “narcoestado” o la posibilidad de que candidatos presidenciales fueran asesinados por mafias narcopolíticas no formaban parte del discurso público ni de la preocupación gubernamental.
Sin embargo, para Wellinton Emiro, la realidad era mucho más oscura y cercana. Mientras el país se sentía seguro, el abogado vivía bajo una presión constante. Emiro describía su situación como si sintiera que le respiraban en la nuca o como si escuchara pasos acechándolo detrás de la puerta. Debido a la peligrosidad de la información que manejaba, llegó a formar parte del programa de víctimas y testigos, recibiendo protección policial. No obstante, dicha protección le fue retirada posteriormente, dejándolo vulnerable ante quienes buscaban silenciarlo.
El abogado advirtió en repetidas ocasiones, de manera literal, que su vida corría peligro y que sería asesinado. Sus temores se materializaron con una precisión aterradora. El 7 de febrero de 2012, Emiro visitó la redacción del diario El Universo para insistir en la importancia de sus denuncias y la urgencia de que fueran escuchadas. Apenas un día después, el 8 de febrero de 2012, sicarios irrumpieron en su estudio jurídico ubicado en el centro de Portoviejo y le quitaron la vida.
A pesar de la gravedad de las advertencias entregadas al máximo mandatario del país, el caso de Wellinton Emiro quedó en la impunidad. Nunca se hizo justicia por su asesinato ni se tomaron medidas serias basadas en la información contenida en aquel sobre manila.
Hoy, quince años después de aquellas advertencias, el panorama descrito por Emiro se ha vuelto una realidad evidente. Actualmente, decenas de autoridades locales en diversas regiones del país enfrentan denuncias, procesos judiciales o investigaciones relacionadas con el lavado de activos, la delincuencia organizada o vínculos directos con estructuras criminales. Alcaldes, prefectos y operadores políticos, que ahora se presentan como víctimas del sistema, reflejan el escenario que el abogado Alcívar Quiñónez intentó prevenir. La pregunta que permanece en el aire es el destino final de aquel sobre manila entregado al presidente Correa: si reposa en algún archivo olvidado, en una bodega o en un basurero, mientras el país enfrenta las consecuencias de una infiltración que fue advertida a tiempo.
