El próximo 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la presidencia del Perú tras obtener la victoria por un margen estrecho de poco menos de 50 mil votos. Este resultado deja al país partido en mitades casi exactas, evidenciando una fractura social y política profunda. Para una parte considerable del electorado, el voto a favor de Fujimori no representó necesariamente una adhesión personal, sino una decisión estratégica para preservar el modelo económico vigente frente a las alternativas propuestas.
Dicho modelo ha proporcionado tres décadas de estabilidad y avance económico. Los datos reflejan que el inicio de este siglo estuvo marcado por una expansión significativa, con un crecimiento promedio anual del 6,1 % durante doce años. Este impulso permitió que el producto por habitante casi se cuadruplicara, pasando de unos 4.400 a 17.800 dólares a paridad de compra. Asimismo, el coeficiente de Gini, indicador de desigualdad monetaria, bajó de su pico de 55,1 en 1998 a un mínimo histórico de 40,1 en 2024.
En términos comparativos, el Perú logró reducir la desigualdad manteniendo una economía abierta, el crecimiento y la inflación más baja de la región. Esto contrasta con el caso de Bolivia, que aunque también redujo su indicador de desigualdad, lo hizo agotando el ciclo de su gas y sus reservas, enfrentando actualmente recesión, escasez de divisas e inflación cercana al 20 %.
La estructura exportadora del país también ha evolucionado. Si hace treinta años la minería era el único motor principal, hoy se le suma una agroindustria que alcanzó un récord de 15.000 millones de dólares en 2025, posicionando al Perú como el primer exportador mundial de arándanos. Las exportaciones totales llegaron a los 74.664 millones de dólares en 2024. A nivel financiero, el riesgo país cerró el 2025 en 124 puntos básicos, el segundo más bajo de América Latina, mientras que la deuda pública se mantiene en un tercio del producto, una de las más bajas de la zona.
Sin embargo, estos indicadores macroeconómicos no han impedido que la división política se profundice. El análisis de los mapas electorales coincide estrechamente con los mapas de provisión del Estado, revelando tres brechas críticas. La primera es la de calidad de vida: mientras Lima cuenta con 45 médicos colegiados por cada diez mil habitantes, Amazonas solo posee 6,7. En las zonas rurales, el 97,5 % de la población carece de agua segura, potable y continua, y tres de cada cuatro personas no tienen acceso a desagüe por red pública.
La segunda brecha es la de presencia estatal. La Libertad, una región severamente afectada por la extorsión, registra la menor densidad policial del país. La informalidad laboral también muestra contrastes extremos, alcanzando un 90,7 % en Huancavelica frente al 60,8 % en Lima. A esto se suma una brecha de infraestructura de acceso básico valorada en 363 mil millones de soles y una deforestación que no se detiene, con más de 130 mil hectáreas de bosque perdidas en 2023 en territorios fuera del control estatal.
La tercera brecha se refleja en la inversión privada, la cual cayó del 25 % al 20,5 % del producto en una década, concentrándose principalmente en Lima y la costa. El capital privado evita las zonas donde no hay seguridad, caminos ni reglas claras, perpetuando el rezago de los territorios sin presencia del Estado.
Esta realidad se traduce en el mapa electoral: Fujimori ganó en nueve regiones, incluyendo Lima con el 63,5 % del voto, pero perdió en dieciséis, destacando el sur andino (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno), que son precisamente las zonas con mayores brechas.
La pregunta central es por qué el crecimiento no cerró estas brechas. La razón reside en que el crecimiento del "superciclo" (6 % anual) sí redujo la pobreza, pero el crecimiento más modesto de la última década (entre 2 % y 3 %) apenas logró impactar en ella, dejando la pobreza por encima de los niveles prepandemia y permitiendo que la anemia infantil subiera del 38,8 % en 2021 al 43,7 % en 2024. Además, el crecimiento tendió a concentrarse donde el Estado ya tenía instituciones capaces de atraer inversión.
El ejemplo más claro es la diferencia entre Ica y Ayacucho. A pesar de ser vecinas, Ica aprovechó la agroexportación para generar empleo formal e infraestructura, convirtiéndose en la región con menos pobreza (cerca del 7 %). Ayacucho, en cambio, no recibió esa inversión ni los servicios necesarios, permaneciendo entre las regiones más pobres.
El reto del nuevo quinquenio es complejo. Se requiere un crecimiento fuerte, similar al del superciclo, para generar los recursos necesarios para construir Estado donde hoy no llega. A su vez, solo un Estado presente puede atraer la inversión y convertir el ingreso en capacidades reales para la población. Cerrar la distancia entre el promedio nacional y la realidad del territorio es, por tanto, la tarea económica y política fundamental para evitar que la mitad del país siga votando contra un modelo que percibe como ajeno.
