El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a la totalidad de su gabinete ministerial, firmó este lunes el Decreto 1390, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica en el país. La medida extraordinaria contemplada en la Constitución habilita al Ejecutivo a dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis que, según el propio gobierno, ya no puede resolverse con los mecanismos ordinarios del Estado.
La decisión ocurre luego del fracaso de la más reciente reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó al Ejecutivo sin una de sus principales herramientas para financiar el gasto público. Según el documento, la emergencia tendrá una duración inicial de 30 días, aunque la Carta Magna permite extenderla hasta 90 días en el año, si las condiciones así lo ameritan.
La declaratoria se sustenta en el artículo 215 de la Constitución colombiana, que autoriza al presidente a asumir facultades legislativas temporales cuando exista una grave e inminente perturbación del orden económico, social o ecológico. Bajo este régimen, el gobierno puede crear o modificar impuestos de manera transitoria, reorganizar el presupuesto y adoptar medidas urgentes para evitar una paralización del Estado.
Uno de los argumentos centrales del decreto tiene que ver con la crítica situación financiera del sistema de salud, especialmente en el régimen subsidiado que atiende a la población más vulnerable. Según el gobierno de Petro, para cumplir los fallos judiciales y garantizar el derecho a la salud, se requieren $3,3 billones adicionales para 2026. De no conseguir esos recursos, millones de colombianos verían seriamente amenazada su atención sanitaria.
Otro de los factores que sustentan la emergencia apunta al deterioro del orden público, con ataques de grupos armados ilegales en varias regiones del país. Ante este escenario, el Ministerio de Defensa estima que se necesitan $2,7 billones para modernizar la tecnología y mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública.
El gobierno de Petro también fundamenta la medida en el bloqueo legislativo a sus proyectos de financiamiento. Según el decreto, el Congreso no aprobó dos iniciativas clave: una por $12 billones para 2025 y otra por $16,3 billones para 2026. Esta negativa habría generado un "desbalance gigante" entre las necesidades de gasto del Estado y los ingresos disponibles, agravando la fragilidad fiscal.
En ese contexto, el gobierno de Petro sostuvo que la emergencia económica es la única vía disponible para evitar una profundización de la crisis económica y social, mientras se mantiene bajo la lupa de la Corte Constitucional y del propio Congreso.
