La crisis sin precedentes que ha sacudido al Poder Judicial chileno en los últimos años ha alcanzado un nuevo punto crítico. Después de la remoción de tres ministros de la Corte Suprema y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago, la reputación del máximo tribunal del país se encuentra en caída libre.
El detonante de esta tormenta fue el denominado "Caso Hermosilla", que reveló una red de influencias y conflictos de intereses que involucraban a altos magistrados. La revisión del celular del abogado penalista Luis Hermosilla abrió una caja de Pandora, exponiendo vínculos inapropiados entre jueces y abogados.
Uno de los últimos en caer ha sido el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, cuya acusación constitucional fue aprobada por el Senado. Se le acusaba de haberse ido de viaje con abogados involucrados en causas que él mismo había fallado, favoreciendo los intereses de estos profesionales.
Pero Simpertigue no es el único. La crisis ha alcanzado a otros dos ministros supremos: Sergio Muñoz, destituido por un eventual uso de información privilegiada a favor de su hija jueza, y Ángela Vivanco, cuya destitución estuvo vinculada al "Caso Audio" y a injerencias en nombramientos judiciales.
Además, dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago también han caído por sus vínculos con Hermosilla: Antonio Ulloa y Verónica Sabaj. Los cuestionamientos giran en torno a faltas a la probidad y falta de transparencia.
La crisis en el Poder Judicial chileno parece lejos de resolverse. Mientras los escándalos se suceden, la confianza de la ciudadanía en la independencia y el buen funcionamiento de la justicia se ve cada vez más erosionada. Es un momento crítico que exige respuestas urgentes y contundentes para recuperar la credibilidad de esta institución fundamental en un Estado de Derecho.
