El canal de televisión estatal de Perú, creado con la misión de servir a la ciudadanía de manera imparcial, se enfrenta a nuevos desafíos que ponen en duda su independencia editorial, justo cuando el país se prepara para las elecciones presidenciales de 2026.
A lo largo de su historia, el canal ha sido constantemente presionado por los distintos gobiernos, quienes han intentado influir en su línea editorial, su conducción y su personal. Esta debilidad estructural vuelve a hacerse visible en el actual contexto de crisis institucional y protestas sociales que atraviesa Perú.
Desde que el gobierno de Dina Boluarte asumió el poder, la comunicación estatal se ha enfocado más en reducir riesgos políticos que en fortalecer un espacio público de información. Esto se ha reflejado en ajustes internos, cambios de jefaturas y una redefinición de prioridades que han afectado la cobertura de conflictos, el enfoque regional y la presencia de voces críticas.
Con la llegada de José Jerí a la jefatura del canal, esta dinámica ha adquirido un nuevo cariz. Se habla de recortes de personal, reducción de sueldos y despidos focalizados en áreas estratégicas como prensa, producción y contenidos. Estos movimientos coinciden con la preparación de la cobertura electoral, lo que inevitablemente les confiere un sentido político.
Expertos subrayan que el canal del Estado no pertenece al gobierno de turno ni a ningún proyecto partidario. Su instrumentalización, abierta o encubierta, debilita el debate público y afecta la equidad del proceso electoral. Por lo tanto, lo que ocurre en su interior es una señal temprana sobre la calidad de la democracia que se está construyendo de cara a las elecciones de 2026.
