La reciente aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales desde parvulario hasta 6 básico, y regula su uso gradual desde 7 básico a 4 medio, ha generado una encendida polémica entre expertos en educación.
Según un análisis de las académicas Eliana Cardoch Meza y Valentina Errázuriz, la medida, si bien busca responder a preocupaciones sobre rendimiento académico y convivencia escolar, "ignora las causas profundas de estos problemas" y "cede el espacio educativo digital a actores que no tienen entre sus prioridades el desarrollo integral de las nuevas generaciones".
Las autoras señalan que la restricción "regula al objeto sin atacar los factores sociales que producen los problemas manifestados en su uso" y que "la educación digital va a ocurrir con o sin la escuela", por lo que esta "debería involucrarse activamente, en lugar de abdicar de su rol mediante una regulación que ignora sus propias orientaciones técnicas".
Uno de los principales cuestionamientos es que la ley entra en contradicción con el propio Ministerio de Educación, que en marzo de 2024 publicó "Orientaciones para la regulación del uso de celulares y otros dispositivos móviles en establecimientos educacionales", documento que proponía un enfoque "radicalmente distinto a la prohibición".
Las expertas advierten que la medida es "estructuralmente injusta" para quienes carecen de alternativas de hardware, ya que, si bien el smartphone alcanza una penetración del 98,9% transversal a todos los niveles socioeconómicos, solo el 41,4% del grupo socioeconómico bajo accede a computadores portátiles.
"Prohibir el celular mientras se exige desarrollar competencias digitales curriculares no solo es contradictorio: es estructuralmente injusto para quienes carecen de alternativas de hardware", señalan.
Cardoch y Errázuriz concluyen que la regulación "no modificará las disposiciones violentas" ni "patrones problemáticos de uso", sino que simplemente "los desplazará a espacios donde hay menos mediadores". En su opinión, la solución pasa por "la educación digital crítica, la formación docente en mediación tecnológica y la inversión en infraestructura digital equitativa", y no por una "restricción rígida" que "ignora las causas profundas" de los problemas que busca resolver.
