El Gobierno de Keiko Fujimori se encuentra en el proceso de preparación de su primer pedido de facultades legislativas delegadas. Aunque el proyecto de ley correspondiente, que deberá ser elevado al Congreso de la República, tiene prevista su aprobación en el Consejo de Ministros para el próximo 2 de agosto, la filtración de un texto preliminar ya ha generado un intenso debate en diversos sectores.
El proyecto abarca múltiples materias, pero destacan principalmente dos ejes: la promoción y protección de los emprendedores y de las micro y pequeñas empresas (mypes) con el fin de fomentar la formalización, y el ámbito laboral enfocado en la promoción del empleo y la protección social.
En lo referido a las mypes, una de las propuestas centrales es la unificación y regulación del marco legal de la actividad laboral. El objetivo es establecer un régimen progresivo que incentive la formalización, abarcando aspectos críticos como los aportes a EsSalud y pensiones (AFP u ONP), la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones legales, las vacaciones, la jornada laboral, las horas extras, la participación en las utilidades y la protección contra el despido.
Sobre este punto, María Haydeé Zegarra, socia del área laboral de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, señaló que este enfoque permitiría superar la lógica del “todo o nada” que actualmente rige el régimen laboral general, factor que suele desincentivar que los pequeños negocios se formalicen. Según la especialista, las empresas podrían integrarse al sistema de manera gradual, asumiendo obligaciones laborales conforme aumenten su capacidad económica y nivel de desarrollo, ajustando escalonadamente los costos para garantizar, sobre todo, el acceso a la salud y pensiones.
Por su parte, Daniel Paniura, asociado de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), calificó como positivo el intento de ordenar el marco normativo, aunque advirtió que aún no se conoce la implementación exacta. Paniura enfatizó que unificar el marco legal no implica que todas las empresas tengan las mismas obligaciones desde el inicio, dado que las mypes operan en una realidad distinta a las grandes organizaciones. Actualmente, las microempresas están exentas de pagar CTS y gratificaciones, mientras que las pequeñas empresas asumen algunas de estas cargas bajo condiciones más favorables que el régimen general.
Uno de los mayores retos identificados es evitar que la reforma incremente desproporcionadamente los costos laborales. Paniura advirtió que el mayor impacto recaería en los costos no salariales, los cuales representan aproximadamente el 72% del salario formal promedio en el Perú, cifra significativamente superior al promedio regional del 51%, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En otro aspecto relevante, el Gobierno propone "perfeccionar" el régimen de extinción de contratos de trabajo por causas objetivas. El propósito es brindar mayor flexibilidad a las empresas ante cambios económicos o técnicos. Brian Ávalos, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, explicó que, si bien la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) ya contempla causales como crisis económicas o reorganizaciones, su ejecución es compleja y lenta debido a las altas cargas probatorias y la lentitud de la autoridad administrativa. Ávalos considera razonable simplificar estos procedimientos, siempre que se eviten los despidos arbitrarios.
En sintonía, Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, señaló que precisar los conceptos de causas económicas o tecnológicas dotaría de mayor seguridad jurídica al proceso, aunque subrayó que esto no debe interpretarse como una vía para facilitar despidos masivos.
Asimismo, el proyecto plantea flexibilizar los beneficios laborales (vacaciones, horas extras, utilidades, etc.), permitiendo acuerdos individuales o colectivos entre trabajadores y empleadores. Ávalos sugirió que esto podría incluir la ampliación del uso de la Remuneración Integral Anual o, a largo plazo, la evaluación de un seguro de desempleo que sustituya la CTS, aunque reconoció que esto último requeriría un consenso amplio.
Ante la controversia generada, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, aclaró que el documento difundido es un borrador de trabajo y que cualquier reforma deberá ser construida de manera multidisciplinaria. Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que no habrá recorte de feriados ni de ningún derecho laboral, reafirmando lo expuesto en su mensaje a la nación.
Finalmente, el pedido de facultades incluye medidas para el empleo juvenil, enfocadas en formación, financiamiento y regímenes de beneficios. Sobre esto, David Tuesta, presidente del CPC, manifestó su respaldo a través de redes sociales, señalando que es fundamental abordar este tema ya que más del 70% de los jóvenes peruanos inician su vida laboral en la informalidad.
