El Gobierno de Keiko Fujimori se encuentra en la fase final de la elaboración de un proyecto de ley mediante el cual solicitará al Congreso bicameral la delegación de facultades para legislar por un periodo de 120 días. El enfoque principal de esta solicitud se centrará en las áreas de seguridad y economía. Según confirmaron los ministros Juan Sheput (Trabajo y Promoción del Empleo) y Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego), el Gabinete Ministerial se reunirá este domingo para realizar los ajustes finales al borrador del documento, el cual fue filtrado previamente a la prensa.
El documento preliminar, que ha generado diversas reacciones en el ámbito político, detalla que el Ejecutivo tiene la intención de transferir la dirección y el control de los penales a las Fuerzas Armadas, además de permitir que empresas privadas asuman la administración de los centros penitenciarios. Asimismo, el borrador contempla la ejecución de una reforma del Estado a través de la fusión y disolución de diversos organismos públicos y la implementación de un paquete de flexibilización laboral.
Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno han indicado que el texto aún no cuenta con el respaldo unánime de todos los integrantes del Gabinete, señalando que existen puntos específicos que requieren una reflexión más profunda. El ministro Juan Sheput aclaró que el documento filtrado es meramente un "borrador de discusión" y no la versión definitiva. En ese sentido, desmintió categóricamente que se planee aumentar o eliminar feriados, calificando de "irresponsable" cualquier discusión basada en un texto que aún no ha sido aprobado.
Respecto a la flexibilidad laboral, Sheput Moore aseguró que cualquier modificación al régimen actual se realizará respetando estrictamente los derechos laborales. Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori también enfatizó que ningún derecho laboral será recortado, respondiendo a las críticas sobre la posible creación de un régimen de trabajo juvenil. Este punto ha sido comparado por diversos sectores con la antigua "ley pulpín" de la administración de Ollanta Humala, la cual fue derogada tras generar fuertes protestas sociales debido a la reducción de beneficios para jóvenes de entre 18 y 24 años.
Además de la solicitud de facultades, el ministro Sheput señaló que el Gabinete dará prioridad a la seguridad ciudadana y a la atención del fenómeno de El Niño (FEN). Es probable que en la segunda sesión del consejo se aprueben los primeros decretos de urgencia destinados a combatir la emergencia climática. El ministro también expresó su malestar por la filtración del borrador, atribuyendo este hecho a funcionarios de la administración anterior de José María Balcázar que aún permanecen en el Ejecutivo.
En el Congreso, las reacciones han sido mixtas. El presidente de la cámara, Miguel Torres (Fuerza Popular), pidió tranquilidad y unidad frente a la criminalidad mientras se espera el documento oficial. No obstante, senadores de oposición han mostrado cautela. Jaime Delgado (Ahora Nación) calificó la pretensión del gobierno como "exagerada", advirtiendo que una delegación de facultades debe ser acotada y específica para evitar entregar un "cheque en blanco". Por otro lado, el diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) manifestó su preocupación de que la reforma del Estado y la economía puedan derivar en exoneraciones tributarias y despidos masivos.
Desde la perspectiva legal, los expertos Martin Cabrera y Alejandro Rospigliosi estiman que la definición sobre la aprobación de estas facultades podría darse entre mediados y finales de septiembre. La complejidad radica en el nuevo sistema bicameral, que obliga al Ejecutivo a entablar una doble negociación política. El proyecto debe ser analizado primero por la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado.
Según el proceso parlamentario, la propuesta se presenta ante la Cámara de Diputados, donde puede ser calificada como "urgente" por la Junta de Portavoces, permitiendo exonerar ciertos trámites. Tras la aprobación en la cámara baja por mayoría simple, el texto se traslada al Senado. En la cámara alta, la Comisión de Constitución tiene hasta 90 días hábiles para dictaminar. Para aprobar modificaciones o rechazar la autógrafa, el Senado requiere la mitad más uno de sus miembros legales, es decir, 31 votos.
Existe un debate jurídico sobre si este número es absoluto o relativo, lo que podría dar relevancia al voto dirimente del presidente del Senado en caso de un empate. Finalmente, el Senado mantiene la potestad de control sobre los decretos legislativos emitidos, pudiendo modificar o derogar aquellos que contravengan la Constitución o excedan las facultades delegadas.
