La Contraloría General de la República ha determinado el inicio de un sumario administrativo dirigido a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la región de Arica y Parinacota. Esta medida fiscalizadora surge a raíz de una serie de irregularidades presuntamente cometidas por la anterior autoridad a cargo de dicha repartición, la médico cirujano Karla Kepec Álvarez, quien se desempeñó como jefa de la institución hasta el pasado 30 de julio.
El detonante de esta investigación administrativa es la divulgación de un mensaje a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, el cual se atribuye a la autora de la polémica. Según se informó, el contenido de dicho mensaje circuló inicialmente en un grupo vinculado a la tienda oficialista, generando una fuerte controversia debido a las condiciones impuestas para el acceso a cargos públicos dentro del servicio de salud regional.
En el mensaje cuestionado, se detallaba la búsqueda de personal profesional para integrarse al equipo de trabajo de la institución. Específicamente, se mencionaba la necesidad de contratar a dos tecnólogos médicos con especialidad en laboratorio para incorporarse al departamento de Laboratorio de Salud Pública (LabSal). Sin embargo, el punto crítico de la comunicación radicaba en la exigencia de militancia política para postular a dichos cargos.
La cita textual del mensaje atribuido a la exautoridad reza: “Junto con saludarles y esperando se encuentren bien les comento necesidad en mi Servicio Seremi de Salud a 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto de LabSal. Republicano o hijo/a de Republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”. Esta instrucción explícita de filtrar los currículums basándose en la pertenencia al Partido Republicano o el parentesco con militantes de dicha colectividad fue lo que desencadenó el conflicto.
Ante la gravedad de la filtración y la naturaleza de las exigencias planteadas en la oferta laboral, el Ministerio de Salud tomó medidas inmediatas. La cartera de Salud solicitó la renuncia de Karla Kepec Álvarez, quien dejó su cargo el 30 de julio. Cabe destacar que la profesional no solo ejercía como Seremi, sino que posee un perfil político activo, habiendo sido candidata a gobernadora y haber liderado el Partido Republicano en la región de Arica y Parinacota.
La intervención de la Contraloría General de la República busca ahora esclarecer el alcance de estos hechos y determinar si hubo un uso indebido de la función pública para fines partidistas. Para ello, el ente fiscalizador ha remitido un oficio a la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, solicitando que se informe de manera fundada sobre la existencia real de la necesidad de contratar a los dos tecnólogos médicos mencionados en el mensaje.
Además de confirmar la vacante, la Contraloría ha exigido que la institución transparente la metodología utilizada para proveer dichas funciones. Esto incluye la entrega de información detallada sobre las condiciones laborales y el perfil profesional requerido para los cargos, con el objetivo de contrastar si los requisitos técnicos primaban sobre la militancia política.
Otro punto fundamental de la indagatoria es la verificación de los medios de comunicación utilizados. El organismo contralor ha solicitado que se aclare si el número de teléfono desde el cual se envió el mensaje polémico pertenece a los activos institucionales de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota o si se trató de un dispositivo personal. Esta distinción es clave para determinar si hubo un mal uso de los recursos del Estado en actividades de proselitismo o reclutamiento partidista.
Finalmente, la Contraloría ha establecido un plazo perentorio para la entrega de estos antecedentes. La Seremi de Salud de la región dispone de dos días hábiles administrativos, contados a partir de la recepción del oficio, para remitir toda la documentación e información solicitada por el ente fiscalizador. El sumario administrativo determinará las responsabilidades correspondientes y si se vulneraron los principios de probidad administrativa que rigen a los funcionarios públicos.
