El expresidente de Perú, Ollanta Humala, quien gobernó el país entre 2011 y 2016, recuperó su libertad este viernes tras una resolución del Tribunal Constitucional que anuló el proceso judicial en su contra. Humala cumplía una condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, relacionado con la financiación irregular de sus campañas electorales, sentencia que fue dictada el pasado 15 de abril de 2025.
La salida del exmandatario se produjo desde la penitenciaría de Barbadillo, centro penitenciario diseñado específicamente para albergar a antiguos jefes de Estado. En dicho recinto permanecen actualmente otros tres exmandatarios: Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). Asimismo, el penal fue el lugar donde el difunto Alberto Fujimori permaneció recluido durante más de una década.
A su salida de la cárcel, Humala fue recibido por un grupo de simpatizantes que coreaban su nombre, además de estar acompañado por sus abogados y algunos expartidarios. En sus primeras declaraciones a la prensa, el exgobernante afirmó haber sido víctima de una «persecución política y judicial», calificando su detención el 15 de abril de 2025 como un «secuestro por parte del Estado». Durante su intervención, Humala fue enfático al negar haber recibido aportes para sus campañas provenientes de Venezuela o Brasil.
El proceso judicial que llevó a Humala a prisión se basaba en la presunta financiación irregular de sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. Se le acusaba de no haber declarado aportes económicos que habrían provenido del chavismo venezolano y de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó el jueves que todo el proceso carecía de validez. Los magistrados establecieron que la ocultación de donaciones para campañas electorales no estaba tipificada como delito en el momento en que ocurrieron los hechos. Además, el tribunal consideró que la Fiscalía no logró presentar el sustento necesario para configurar el delito de lavado de dinero en dichas operaciones.
La excarcelación fue ordenada este viernes por un magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien atendió la solicitud de los abogados de Humala para que la liberación se ejecutara con celeridad, según informó la Corte Superior Nacional. Cabe destacar que este no es el primer revés judicial para la fiscalía en este caso; entre 2017 y 2018, Humala ya había pasado diez meses en prisión preventiva por los mismos cargos, medida que también fue revocada en su momento por el Tribunal Constitucional.
El fallo judicial también extiende sus beneficios a la esposa del exmandatario, Nadine Heredia, quien había sido condenada en el mismo proceso y se encuentra actualmente asilada en Brasil. Humala lamentó que, a raíz de la sentencia, se vio obligado a asilar a su esposa y a sacar a sus hijos del país. Tras su liberación, expresó su confianza en que la justicia reflexione y permita el regreso de Heredia a Perú, dado que la anulación del proceso también la libera de la imputación en su contra.
Desde la Presidencia de la República, Keiko Fujimori manifestó que el país vive en un «estado de derecho» y subrayó que se debe acatar la resolución del Tribunal Constitucional, quien, según se mencionó, también la había beneficiado en un caso similar.
En un tono crítico, Humala acusó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato de haberlo llevado a juicio basándose en su ideología política, la cual se ubicó hacia la centroizquierda durante su gestión. Calificó a los fiscales como «sicarios» y el «brazo armado del Ministerio Público», afirmando que usurparon funciones del Poder Judicial. El exmandatario sostuvo que jamás se pudo probar que recibiera un solo sol de Venezuela.
Finalmente, Ollanta Humala reconoció que aún enfrenta otros procesos judiciales relacionados con empresas brasileñas, tales como las investigaciones sobre el Gasoducto del Sur, el proyecto de irrigación Olmos y el denominado Club de la Construcción. Aseguró que enfrentará todos estos procesos en curso, reiterando que la decisión del Tribunal Constitucional valida la correctness del asilo político solicitado para su esposa e hijo en Brasil.
