El Concejo Metropolitano de Quito llevó a cabo este viernes 24 de julio la conclusión del primer debate referente al proyecto de ordenanza metropolitana que plantea un incremento en el costo de los pasajes del transporte público para el año 2027. La sesión, que se extendió más allá de las 18:00, permitió la intervención de diversos actores, incluyendo concejales y representantes de la ciudadanía, quienes expusieron sus posturas sobre la viabilidad y las implicaciones de esta medida.
El desarrollo de este debate estuvo marcado por tensiones previas. El jueves anterior, durante una sesión extraordinaria, el alcalde Pabel Muñoz había suspendido la jornada debido a la falta de cuórum. En aquel momento, el mandatario manifestó su malestar, calificando la ausencia de algunos concejales como una falta de respeto hacia la ciudad, razón por la cual detuvo el proceso legislativo hasta que se garantizara la presencia del número necesario de ediles para sesionar legalmente.
Al retomarse la sesión este viernes antes de las 15:00, el alcalde Muñoz mantuvo una postura firme. El funcionario advirtió que, en caso de contar con doce concejales en el pleno, si alguno de ellos decidía abandonar el salón, daría por conocido el documento en primer debate para no obstaculizar el avance del proceso legislativo. Según la perspectiva del alcalde, el proyecto de ordenanza ya cuenta con un avance del 30 %, y la realización del primer debate sumaría un 20 % adicional, alcanzando un 50 % de tratamiento total. Muñoz subrayó que cualquier crítica, comentario o sugerencia de mejora pueden ser incorporados en las etapas siguientes.
En el espacio destinado a la participación ciudadana a través de la silla vacía, se registraron once intervenciones. Una de las voces más destacadas fue la de Rocío Bastidas, quien acudió en representación del Cabildo Cívico de Quito. Bastidas señaló que existe un desconocimiento sobre el análisis y las recomendaciones utilizadas para modificar el cálculo tarifario, argumentando que existen dos consultorías distintas: una presentada en el año 2017 y otra más reciente, del 2024.
Desde la bancada de los concejales, Bernardo Abad centró su análisis en dos puntos críticos de la ordenanza: el incremento del valor del pasaje y la autorización para transferir recursos económicos a los transportistas, cifra que superaría los 20 millones de dólares. Abad cuestionó esta entrega de fondos, recordando que los transportistas se han comprometido en dos ocasiones anteriores a mejorar la calidad del servicio sin haber cumplido dichos compromisos. El edil enfatizó que los usuarios continúan utilizando unidades que se encuentran sucias y deterioradas, además de persistir las competencias agresivas entre los buses.
Por su parte, el concejal Fidel Chamba señaló una deficiencia técnica en el proyecto, asegurando que la ordenanza no presenta un análisis claro sobre la diferencia entre una asignación no reembolsable y lo que él describió como un posible subsidio encubierto de inversión pública. En contraste, el edil Gabriel Noroña salió en defensa del proyecto de ordenanza, sosteniendo que los fondos destinados a los transportistas serán, en última instancia, invertidos en beneficio de la ciudadanía.
El debate también incluyó una propuesta de archivo. El concejal Andrés Campaña planteó una moción para que el proyecto regresara a la Comisión de Movilidad con el fin de preparar un informe de archivo, aunque esta solicitud no fue aprobada. Campaña fundamentó su postura mencionando que el proyecto intenta eliminar la tarifa preferencial de 0,10 dólares destinada a las personas con discapacidad.
Desde el sector del transporte, Jorge Yánez explicó la necesidad de establecer mecanismos que permitan cubrir los costos operativos y manifestó que el objetivo es cambiar el modelo de gestión actual.
En cuanto a los detalles técnicos de la tarifa, el proyecto de ordenanza establece una tarifa única de 0,40 dólares. No obstante, en las disposiciones generales se aclara que este nuevo valor entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Hasta esa fecha, se mantendrá la tarifa vigente de 0,35 dólares.
La jornada concluyó tras la intervención de veintidós personas. El documento, que ahora incorpora las observaciones realizadas durante este primer debate, regresará a la Comisión de Movilidad. Dicha instancia será la encargada de presentar un informe final para que el Concejo Metropolitano proceda con un segundo y definitivo análisis antes de su aprobación o rechazo.
