La reciente emergencia que ha afectado a la Región de Coquimbo y al sur de la Región de Atacama ha vuelto a poner sobre la mesa una problemática estructural en la institucionalidad de emergencias de Chile: la brecha existente entre la toma de decisiones políticas y la ejecución técnica en el terreno. Esta situación ha sido analizada por expertos, quienes advierten que el problema de fondo no radica necesariamente en la voluntad política, sino en la capacidad operativa de respuesta.
En primera instancia, es necesario precisar que el gobierno actuó correctamente al decretar una Emergencia Preventiva basada en los pronósticos meteorológicos disponibles. Esta facultad legal, vigente desde 1974, permite que el Estado declare zonas en estado preventivo cuando existe un riesgo inminente respaldado por informes técnicos. No obstante, este mecanismo de anticipación ha sido escasamente utilizado en la última década ante eventos hidrometeorológicos, por lo que la acción temprana en esta ocasión representa un paso adecuado que no debe desestimarse en medio de las discusiones actuales.
Sin embargo, el análisis técnico revela que el decreto por sí solo no es suficiente si no se traduce en acciones concretas. Una facultad administrativa es, en esencia, una caja de herramientas que requiere de una ejecución eficiente. En este caso, se critica que el predespliegue de logística esencial no ocurrió con la anticipación que el mismo decreto permitía. Elementos críticos como helicópteros, maquinaria pesada, vehículos todo terreno, equipos de comunicaciones y ayuda humanitaria básica no fueron posicionados preventivamente en zonas que, según se sabía, quedarían aisladas.
Esta falla en la ejecución es particularmente grave considerando que la vulnerabilidad de estos territorios era ampliamente conocida. La geografía de la zona, la dispersión de sus comunidades y el antecedente de la tragedia ocurrida en Atacama en 2015 eran factores evidentes. Además, se señala que ya existían alertas emitidas por Corral, lo que indica que la información estaba disponible, pero no se tradujo en un movimiento logístico oportuno.
El núcleo del problema parece residir en la debilidad del mando y control de Senapred. Durante el proceso legislativo que dio origen a la actual institución, la dirección de la entonces Onemi habría mostrado resistencia, lo que resultó en que Senapred quedara ubicada en un espacio ambiguo. Actualmente, la entidad opera bajo una lógica de coordinación y asesoría, careciendo de una autoridad de mando real y de mecanismos claros de rendición de cuentas. Esta estructura horizontal obliga, en muchas ocasiones, a que los niveles políticos asuman responsabilidades operativas que no les corresponden.
Esta deficiencia institucional no es un diagnóstico nuevo. La comisión investigadora encargada de analizar el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a Viña del Mar y Quilpué, concluyó explícitamente que es necesaria una reforma al sistema de gobernanza. Según dicho informe, la naturaleza horizontal de Senapred, al actuar meramente como una entidad "coordinadora" sin autoridad de mando, ha fracasado en su propósito.
Asimismo, ya en el año 2023, otra comisión había advertido sobre riesgos similares, subrayando la urgencia de modificar el sistema de alerta para las evacuaciones. A pesar de estas advertencias reiteradas en los últimos dos años, no se han implementado los cambios sugeridos, manteniendo la fragilidad del sistema ante desastres naturales.
En conclusión, si bien el Estado no puede evitar todas las emergencias, sí tiene la obligación de responder a lo posible. Existe un margen operativo para mitigar daños y responder a tiempo siempre que la institucionalidad funcione. El hecho de que el sistema falle de manera recurrente, independientemente del gobierno de turno, sugiere que se requiere una reforma profunda y urgente. De no corregirse la distancia entre la decisión política y la ejecución técnica, el riesgo seguirá siendo latente para las comunidades más vulnerables del país.
