La economía chilena se encuentra en estado de alerta tras la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 12,5% a diversos productos provenientes de Chile. Esta medida, emanada de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), ha provocado una reacción inmediata y coordinada de los principales gremios productivos y exportadores del país, quienes califican la acción como injusta y arbitraria.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Frutas de Chile y el Consejo del Salmón han manifestado su profunda preocupación, coincidiendo en que esta determinación afecta sectores estratégicos de la economía nacional. Ante este escenario, las organizaciones anunciaron que trabajarán estrechamente con las autoridades gubernamentales para buscar una solución negociada que permita revertir la medida.
Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la inquietud es palpable debido al impacto directo en la competitividad de las exportaciones. El presidente del gremio, Antonio Walker, lamentó que la autoridad estadounidense no haya considerado los argumentos técnicos y comerciales presentados por Chile. Walker subrayó que el país ha mantenido históricamente una trayectoria como socio comercial serio, confiable y cumplidor de sus compromisos internacionales, resaltando que Estados Unidos es un mercado fundamental para la agricultura chilena. La SNA advirtió que esta decisión genera una incertidumbre crítica para miles de productores y trabajadores, por lo que el gremio ha iniciado un proceso de evaluación para medir el impacto real de la medida en la producción, el empleo y el desarrollo de las diversas regiones del país.
En sintonía con esta preocupación, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) fue tajante al calificar la medida como un retroceso para la economía chilena. Su presidenta, Susana Jiménez, señaló que el crecimiento de Chile se ha sustentado en reglas claras y mercados abiertos, por lo cual la aplicación de nuevos aranceles representa un perjuicio económico y aumenta la incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan. Jiménez destacó que Chile posee una institucionalidad sólida, altos estándares laborales y un firme compromiso con la trazabilidad de sus productos. La dirigenta gremial expresó su esperanza en que el diálogo bilateral permita reconsiderar estos aranceles para resguardar el acceso de los productos nacionales al mercado estadounidense, reafirmando la disposición de la CPC para aportar información técnica en la negociación.
Por su parte, el gremio Frutas de Chile, que participó activamente en las audiencias ante el USTR, presentó argumentos basados en la complementariedad de la oferta. Su presidente, Iván Marambio, explicó que la fruta fresca chilena no compite con la producción de Estados Unidos, sino que la complementa gracias a la producción en contraestación, lo que asegura una oferta permanente de fruta fresca durante el año. Marambio aclaró que la decisión estadounidense no es un pronunciamiento que acredite la existencia de trabajo forzoso en la fruticultura chilena, sino que responde a una evaluación realizada bajo el marco de la Sección 301 de la legislación comercial de EE. UU.
Para respaldar la importancia de este flujo comercial, Frutas de Chile citó estudios de Delphi & Peterson Solutions, los cuales indican que la fruta chilena genera un impacto económico cercano a los US$3.500 millones por temporada en Estados Unidos. Además, aporta aproximadamente US$2.000 millones al Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense y contribuye a la creación de cerca de 19.500 empleos directos en dicho país cada temporada. Marambio enfatizó que la prioridad ahora es avanzar en una negociación bilateral para preservar una relación comercial estratégica y de largo plazo, amparada en el Tratado de Libre Comercio vigente.
Finalmente, el Consejo del Salmón también se pronunció sobre los alcances de la resolución. Su presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, precisó que la determinación de la USTR no acusa a Chile de tener trabajo forzoso, sino que se fundamenta en la ausencia de una legislación específica que prohíba explícitamente la importación de bienes producidos en condiciones de trabajo forzoso en terceros países. Seguel calificó la medida como perjudicial para los sectores exportadores y manifestó el respaldo total a las gestiones bilaterales lideradas por el canciller para revertir la decisión. La dirigenta concluyó que este desafío debe enfrentarse con una "visión país", basada en una colaboración público-privada comprometida en pos del bienestar de la economía chilena.
