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Estados Unidos impone nuevos aranceles a Ecuador por falta de controles contra el trabajo forzoso

Estados Unidos confirmó que Ecuador mantendrá un arancel del 10% tras la revisión sobre trabajo forzoso. Otros pagarán una tasa del 12,5%. Esta decisión no implica un arancel adicional a la sobretasa que ya enfrenta.

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Estados Unidos impone nuevos aranceles a Ecuador por falta de controles contra el trabajo forzoso
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Estados Unidos impuso nuevos aranceles entre el 10 y 12.5 por ciento a 60 economías, incluyendo a Ecuador, bajo el argumento de que estas naciones no combaten eficazmente el trabajo forzoso. En el caso ecuatoriano, se aplicará una tasa del 10 por ciento debido a que Washington considera insuficiente la aplicación de las prohibiciones locales contra productos fabricados con mano de obra forzada. La medida surge en el marco de una guerra comercial impulsada por la administración de Donald Trump, destacando un conflicto por la importación de algodón. El informe estadounidense señala que Ecuador ha incrementado drásticamente sus compras de algodón chino frente al estadounidense, vinculando este crecimiento al acuerdo comercial firmado con China en 2024. Ante esta situación, el ministro de Producción, Luis Jaramillo, anunció que se activarán instancias técnicas y diplomáticas para proteger al sector exportador. Asimismo, instó a los empresarios que operan en el mercado estadounidense a mantenerse alerta ante posibles cambios adicionales en la política arancelaria.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este 23 de julio de 2026 la implementación de nuevos aranceles que afectarán las importaciones procedentes de 60 países y economías, entre las que se encuentra Ecuador. Las tasas aplicadas oscilan entre el 10% y el 12,5%, como parte de una estrategia comercial impulsada por la administración de Donald Trump.

En el caso específico de Ecuador, el gobierno estadounidense mantendrá un arancel del 10% bajo la Sección 301. Esta medida se deriva de una revisión comercial centrada en las importaciones relacionadas con el trabajo forzoso. El país sudamericano forma parte de un grupo selecto de 17 economías que recibirán esta tasa, la cual es inferior al 12,5% que será aplicada al resto de las economías incluidas en la investigación.

La respuesta oficial del Estado ecuatoriano no se hizo esperar. El ministro de la Producción, Luis Jaramillo, manifestó a través de sus redes sociales que su cartera de Estado mantendrá un seguimiento permanente de este proceso. Jaramillo aseguró que se activarán todas las instancias técnicas, administrativas y diplomáticas que resulten pertinentes con el objetivo de salvaguardar los intereses tanto del sector productivo como del sector exportador del país.

Asimismo, el ministro, a través de la cuenta oficial @Produccion_Ecu, hizo un llamado urgente a los exportadores que operan hacia los Estados Unidos de América. La instrucción es mantenerse vigilantes ante cualquier cambio adicional en la política arancelaria de Washington que pudiera ocurrir en los próximos días, especialmente en reemplazo de la sobretasa que está próxima a vencer.

La justificación legal y técnica para estos nuevos aranceles reside en una investigación liderada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), encabezada por Jamieson Greer. El informe concluye que existe un "esfuerzo insuficiente para combatir el trabajo forzoso" en las naciones investigadas. Esta medida llega justo horas antes de que expire el arancel global temporal del 10% que Washington había impuesto previamente.

Sobre el análisis particular de Ecuador, la USTR determinó que el país es una de las seis economías, dentro del grupo de 60, que efectivamente ha impuesto una prohibición a la importación de productos elaborados bajo trabajo forzoso. No obstante, el organismo estadounidense considera que dichas medidas son insuficientes. El informe señala explícitamente que, aunque se reconoce la prohibición, no existen pruebas documentadas de investigaciones, incautaciones u otras medidas coercitivas que hayan sido ejecutadas hasta la fecha.

Además, el documento de la USTR sostiene que Ecuador no ha tomado acciones concretas respecto a los bienes que presentan un riesgo conocido de trabajo forzoso. Tampoco se ha abordado de manera integral la producción de bienes provenientes de trabajo forzoso en regiones de interés. En consecuencia, la oficina comercial estadounidense afirma que Ecuador presenta deficiencias en la aplicación de su prohibición, lo que impide que se produzca el efecto deseado.

Para Estados Unidos, la falta de una aplicación efectiva de estas prohibiciones es considerada "irrazonable" y representa una carga o restricción para el comercio estadounidense. El argumento central es que los productos elaborados bajo trabajo forzoso compiten directamente con las exportaciones de Estados Unidos. A modo de ejemplo, el informe cita que entre 2021 y 2025, las economías investigadas importaron arroz de Birmania, algodón de China o tabaco de Malaui, mientras simultáneamente importaban estos mismos productos desde suelo estadounidense.

En el caso específico del algodón, Ecuador fue incluido en el listado de análisis al comparar las importaciones provenientes de Estados Unidos y China entre 2021 y 2025. Los datos revelan que los envíos de algodón desde China superaron a los de Norteamérica, y esta brecha se ha ampliado en los últimos tres años.

Para el año 2025, las importaciones de algodón desde Estados Unidos alcanzaron un valor de 20 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de China llegaron a los 48 millones de dólares, lo que representa una diferencia del 140%. El informe vincula este crecimiento en las importaciones chinas al acuerdo comercial que Ecuador mantiene con China desde el año 2024.

Estos nuevos aranceles representan una nueva fase en la guerra comercial iniciada por el gobierno republicano en abril de 2025. Las medidas anunciadas por Jamieson Greer pretenden sustituir el arancel global temporal del 10% que vence este viernes por la mañana, consolidando una política de presión comercial basada en estándares laborales y competitividad de mercado.

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