El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se encuentra evaluando una propuesta de modificación legal para exonerar el cobro del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) en segmentos específicos de viviendas nuevas. Esta medida, que se encuentra en fase de análisis, busca eliminar el cargo del 2% para aquellas propiedades con un valor inferior a los 70,000 dólares o para aquellas unidades habitacionales accesibles para familias cuyos ingresos mensuales, basados en el salario mínimo, sean menores a 700 dólares.
En términos prácticos, la implementación de esta exoneración supondría un alivio financiero directo para los compradores. Para una propiedad valorada en el límite de los 70,000 dólares, el ahorro representaría una suma de hasta 1,400 dólares, monto que actualmente impacta la capacidad de adquisición de los hogares con menores ingresos.
La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, señaló que esta iniciativa es parte de una serie de alternativas que el Estado estudia para facilitar que las familias no solo puedan adquirir una vivienda, sino que tengan la capacidad de mantenerla durante todo el periodo de financiamiento. Según Sáiz, el objetivo es que la propiedad sea un activo sostenible a lo largo de la vida del propietario y que, en un futuro, este patrimonio permita a las familias realizar otras inversiones. Respecto a la viabilidad legal, la viceministra indicó que, de aprobarse la propuesta en el Consejo de Gabinete, sería probable la necesidad de modificar la legislación vigente relacionada con los intereses preferenciales.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Antonio Jované Castillo, enfatizó que cualquier beneficio derivado de esta revisión del impuesto tendrá límites estrictos. El funcionario aclaró que la medida estará dirigida primordialmente a las familias más necesitadas y a las viviendas de interés social, subrayando que no se pretende repetir esquemas de exoneraciones anteriores que terminaron beneficiando a proyectos de alto costo.
El ministro Jované también destacó una preocupante tendencia en el mercado financiero: mientras que los préstamos para viviendas han experimentado una caída, los financiamientos destinados a la compra de vehículos han crecido aproximadamente un 34%. A juicio del ministro, este fenómeno evidencia cómo las familias, ante recursos limitados, están priorizando el transporte sobre la adquisición de una vivienda. Ante esto, recalcó que los recursos públicos son finitos y deben focalizarse en los sectores más vulnerables, especialmente en trabajadores de las zonas del interior del país, donde los salarios mínimos suelen ser más bajos.
Desde el sector gremial, Convivienda ya había advertido en abril que, aunque el ITBI es pagado formalmente por el promotor o desarrollador ante la Dirección General de Ingresos, en la realidad este costo se traslada al precio final de la vivienda, siendo asumido por el comprador. Elisa Suárez, directora del gremio, señaló que este impacto es más severo en las familias de bajo poder adquisitivo, reduciendo su capacidad de compra, retrasando la adquisición de hogares y frenando el inicio de nuevos proyectos inmobiliarios.
Es importante recordar que la exoneración de este impuesto estuvo vigente por más de cinco décadas bajo la Ley 106 de 1974 para la primera venta de viviendas nuevas. Sin embargo, este beneficio fue eliminado mediante las leyes 468 y 481 de 2025, estableciendo que a partir de enero de 2026 el impuesto se aplicaría también a este segmento.
El impacto económico de mantener el impuesto ha sido analizado por Convivienda, cuyo estudio estima que la medida podría retrasar la colocación de unos 6,700 créditos hipotecarios. Esto se traduciría en una reducción de 526 millones de dólares en financiamiento y una merma de hasta 1,300 millones de dólares en actividad económica general, además de una pérdida de más de 120 millones de dólares en recaudación tributaria. El análisis sugiere que el impuesto generaría cerca de 37 millones de dólares, cifra significativamente inferior al impacto económico negativo proyectado.
Las estadísticas del sector reflejan la crisis actual. En 2025, se vendieron 4,020 viviendas, lo que representa una caída del 34% respecto al año anterior y un descenso acumulado del 55% en dos años. Por otro lado, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces informó que las ventas de viviendas nuevas se contrajeron un 40%, pasando de 4,737 unidades en 2024 a 2,866 en 2025, aunque el primer trimestre de 2026 muestra una leve recuperación con 1,292 unidades colocadas.
Finalmente, el sector bancario reporta una disminución del 19.9% en los nuevos préstamos hipotecarios residenciales al cierre de mayo, bajando de 722.7 millones a 578.5 millones de dólares. A pesar de que el saldo total de la cartera hipotecaria creció un 1.15% hasta alcanzar los 21,537.3 millones de dólares, la caída en los desembolsos de nuevas hipotecas subraya la dificultad de acceso a la vivienda en un mercado donde el déficit habitacional ronda las 180,000 unidades.
