El Concejo Municipal de Santiago llevó a cabo una sesión extraordinaria este lunes con el objetivo principal de analizar los resultados y el alcance de la resolución del sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República en relación con el denominado caso Sierra Bella. Durante el desarrollo de la jornada, la tensión política quedó en evidencia cuando seis de los concejales anunciaron que iniciarán acciones legales ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para denunciar a la exalcaldesa de la comuna, Irací Hassler, acusándola de un eventual notable abandono de deberes.
El sumario administrativo conducido por el órgano contralor arrojó resultados severos para el cuerpo funcionario de la municipalidad. Como consecuencia de las investigaciones, un total de nueve funcionarios municipales fueron sancionados, de los cuales seis fueron destituidos de sus cargos. No obstante, el punto más crítico del informe se centra en la gestión de la exalcaldesa, ya que la Contraloría señaló que se ha acreditado "suficientemente" la responsabilidad administrativa de Irací Hassler en la manera en que se gestionó y generó el proceso de adquisición del recinto.
En el marco de este concejo extraordinario, el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, tomó la palabra para exponer detalladamente los hallazgos más preocupantes detectados por la Contraloría. Entre los puntos más destacados, Desbordes subrayó la existencia de un sobreprecio significativo en la compra de la exclínica, la omisión deliberada de controles de legalidad esenciales, la presencia de graves irregularidades en la autorización de diversos pagos y la entrega de mandatos que fueron calificados como improcedentes.
El jefe comunal fue enfático al referirse a la valoración económica del inmueble. Desbordes señaló que la Contraloría ha sido categórica respecto al sobreprecio, indicando que, según el propio órgano fiscalizador, la propiedad tenía un valor inferior a los 3 mil millones de pesos al momento de la operación, pero terminó siendo transada por un monto de 8 mil millones de pesos. Además, criticó que se le entregara un mandato al abogado de la contraparte para que gestionara la escritura a su arbitrio. Según Desbordes, esta situación constituye un daño patrimonial evidente, afirmando que no es aceptable comprar algo que vale 3 mil millones a un precio de 8 mil millones utilizando recursos de los vecinos y vecinas de la comuna.
El alcalde añadió que, si bien el daño patrimonial no se ha concretado plenamente en términos financieros finales, es debido a que la administración actual continúa insistiendo en acciones legales y administrativas para evitar que se pague de manera injusta dicho sobreprecio.
Por su parte, la oposición al actual alcalde manifestó un rechazo tajante a estas acusaciones. La concejala Camila Davagnino, representante del Partido Comunista, salió en defensa de la gestión de Irací Hassler. Davagnino argumentó que la causa fue investigada exhaustivamente durante más de dos años por diversos fiscales, proceso que culminó con el sobreseimiento de la exalcaldesa. Asimismo, destacó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no se hizo parte en el proceso, lo cual, según la concejala, demuestra la inexistencia de un delito o de un perjuicio municipal comprobado en los recursos, puntos que ya habrían sido determinados por los tribunales de justicia.
Además, Davagnino utilizó sus redes sociales para calificar la convocatoria al concejo extraordinario como "absolutamente improcedente", acusando a Mario Desbordes de intentar sobrepasar las atribuciones del Concejo Municipal con el único fin de generar un punto político contra la actual diputada Irací Hassler, basándose en hechos que, a su juicio, ya fueron resueltos por la justicia.
En el plano judicial, el conflicto ha escalado a través de querellas cruzadas. El alcalde Desbordes presentó una querella por fraude al fisco contra Hassler, la cual ya fue declarada admisible. En respuesta, la exalcaldesa y actual parlamentaria presentó un recurso similar por denuncia calumniosa, sosteniendo que el jefe comunal pretende reabrir un caso donde la justicia ya había definido que no existía la comisión de un delito penal.
