Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Infobae, ha puesto al descubierto los detalles de una operación inmobiliaria fallida protagonizada por Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según el documento, la empresa Servinabar 2000, vinculada al constructor navarro Antxón Alonso, abonó una señal de 9.000 euros para reservar un inmueble de alta gama en Madrid destinado a Cerdán.
Los hechos se remontan al otoño de 2021, apenas unas semanas después de que Cerdán asumiera su cargo el 13 de julio de aquel año, sustituyendo a José Luis Ábalos. El piso en cuestión se encuentra ubicado en el centro de la capital española, específicamente en la zona limítrofe entre los barrios de Argüelles y Universidad, en las proximidades de la Glorieta Ruiz Jiménez. El precio de salida de la propiedad estaba fijado en 950.000 euros, cifra a la que se sumarían unas reformas previstas por la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz —conocida como “La Paqui”—, que los investigadores estiman en unos 350.000 euros adicionales.
La cronología de la operación, detallada por la UCO, comienza el 6 de septiembre de 2021, día en que Cerdán y su mujer visitaron el piso por primera vez. Dos semanas más tarde, el 20 de septiembre, el exnúmero tres del PSOE regresó a la vivienda, pero en esta ocasión acompañado por Antxón Alonso y sin la presencia de su esposa. Durante esa visita, presentaron ante Servitec, la inmobiliaria gestora de la venta, una oferta de compra por 900.000 euros y efectuaron el pago de la señal de reserva de 9.000 euros. Esta transferencia fue realizada directamente por Servinabar, una mercantil en la que el propio Cerdán había adquirido el 45% de las participaciones en junio de 2016 por un importe de 6.000 euros.
El proceso continuó el 30 de septiembre con una segunda visita conjunta entre Cerdán y Alonso. Aunque al día siguiente la comercial de Servitec advirtió a Alonso mediante un mensaje que los plazos de entrega resultaban “imposibles”, la operación siguió adelante temporalmente. El 21 de octubre, la inmobiliaria envió a Alonso un borrador del contrato de arras donde el precio final de venta se había incrementado a 985.000 euros, superando en 35.000 euros el precio inicial de salida. En dicho documento, Servinabar 2000 SL figuraba como el único comprador, a pesar de que los tres vendedores estaban identificados. Según el informe, la comercial de la inmobiliaria declaró a los investigadores que resultaba evidente que los residentes finales serían Cerdán y su mujer.
El contrato estipulaba una entrega inicial de 180.000 euros en concepto de arras y un pago restante de 796.000 euros para la formalización ante notario. A pesar de que se llevaron a cabo al menos tres reuniones más entre Alonso y un abogado, los problemas con los plazos de entrega fueron insuperables. Finalmente, el 27 de enero de 2022, Servitec devolvió los 9.000 euros de la señal y la transacción quedó sin efecto.
Este episodio inmobiliario está integrado en un exhaustivo informe económico y patrimonial de 163 páginas entregado esta semana por la UCO al juez. En este documento, los investigadores cuantifican que Santos Cerdán y su entorno familiar —incluyendo a su mujer, su hermana Belén Cerdán León y su cuñado Antonio Muñoz Cano— habrían disfrutado de beneficios por un valor de al menos 323.178 euros entre los años 2015 y 2024, sufragados mayoritariamente por Servinabar. Un dato relevante es que el 87% de los ingresos de esta mercantil, que superan los 7,5 millones de euros, procedían de la constructora Acciona o de proyectos vinculados a ella.
La tesis de la UCO sostiene que Cerdán habría favorecido la concesión de contratos públicos a Servinabar y a Acciona desde el Ministerio de Transportes, contando con la colaboración de José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, a cambio de comisiones. Cabe recordar que Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por liderar una organización criminal dedicada a delitos de corrupción durante su gestión gubernamental.
Por su parte, Santos Cerdán, quien ha estado en prisión provisional y continúa siendo investigado en el marco del "caso Koldo", ha negado cualquier responsabilidad delictiva, calificando las conclusiones de la UCO como “ciencia ficción”. Asimismo, el informe señala que Servinabar puso a disposición de Cerdán y su mujer una tarjeta de crédito con la que habrían realizado gastos por un valor aproximado de 3.500 euros. El caso se encuentra actualmente bajo instrucción en el Tribunal Supremo, donde Cerdán prestó declaración por última vez el 30 de junio de 2025.
