Un informe detallado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido recientemente a la autoridad judicial, ha sacado a la luz una operación inmobiliaria fallida vinculada a Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según los documentos a los que ha tenido acceso Infobae, la empresa Servinabar 2000, relacionada con el constructor navarro Antxón Alonso, realizó el pago de una señal de 9.000 euros para reservar un inmueble en Madrid destinado a Cerdán.
La operación tuvo lugar durante el otoño de 2021, apenas unas semanas después de que Santos Cerdán asumiera sus responsabilidades como secretario de Organización el 13 de julio de aquel año, sustituyendo en el cargo a José Luis Ábalos. El piso en cuestión se encuentra ubicado en una zona prime del centro de Madrid, concretamente en el límite entre los barrios de Universidad y Argüelles, en las proximidades de la Glorieta Ruiz Jiménez. El precio de salida de la vivienda estaba fijado en 950.000 euros, cifra a la que se sumarían unas reformas previstas por Francisca Muñoz, esposa de Cerdán y conocida como “La Paqui”, que los investigadores han estimado en unos 350.000 euros adicionales.
La cronología de los hechos indica que el 6 de septiembre de 2021, Cerdán y su mujer realizaron la primera visita al inmueble. Posteriormente, el 20 de septiembre, el dirigente socialista regresó a la propiedad, esta vez acompañado por Antxón Alonso y sin la presencia de su esposa. En esa ocasión, presentaron ante la inmobiliaria Servitec, gestora de la venta, una oferta de compra por un valor de 900.000 euros. Para formalizar la reserva, se efectuó una transferencia de 9.000 euros realizada por la mercantil Servinabar. Es relevante señalar que Santos Cerdán había adquirido el 45% de las participaciones de dicha empresa en junio de 2016 por un importe de 6.000 euros.
Tras una segunda visita el 30 de septiembre, la comercial de la inmobiliaria advirtió a Alonso mediante mensajería que los plazos de entrega previstos resultaban “imposibles”. A pesar de esta advertencia, el 21 de octubre se remitió un borrador del contrato de arras donde el precio final de venta ascendía a 985.000 euros, superando en 35.000 euros el precio inicial. En dicho documento, Servinabar 2000 SL figuraba como el único comprador, aunque el contrato involucraba a tres vendedores. La agente inmobiliaria confirmó a la UCO que, durante todo el proceso, era evidente que los residentes finales serían Cerdán y su cónyuge.
El contrato establecía la entrega de 180.000 euros en concepto de arras y un pago remanente de 796.000 euros para la firma ante notario. No obstante, a pesar de diversas reuniones entre Alonso y su abogado, los problemas con los plazos de entrega fueron insalvables. Finalmente, el 27 de enero de 2022, la inmobiliaria Servitec devolvió los 9.000 euros de la señal mediante transferencia bancaria, quedando la operación sin efecto.
Este episodio inmobiliario se integra en un informe económico y patrimonial de 163 páginas entregado por la UCO al juez. En este documento, los investigadores cuantifican que Santos Cerdán y su entorno familiar —incluyendo a su mujer, su hermana Belén Cerdán León y su cuñado Antonio Muñoz Cano— habrían obtenido beneficios por un valor de al menos 323.178 euros entre los años 2015 y 2024, fondos que habrían sido sufragados principalmente por Servinabar. El informe destaca que el 87% de los ingresos de esta sociedad, que superan los 7,5 millones de euros, provenían de la constructora Acciona o de proyectos vinculados a ella.
La hipótesis de la Guardia Civil sugiere que Cerdán podría haber favorecido la concesión de contratos públicos a Servinabar y a Acciona desde el Ministerio de Transportes, contando con la colaboración de José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, a cambio de comisiones. Cabe recordar que Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por liderar una organización criminal dedicada a delitos de corrupción.
Por su parte, Santos Cerdán, quien ha estado en prisión provisional y continúa siendo investigado en el marco del caso Koldo, ha negado cualquier actividad delictiva, describiendo las acusaciones de la UCO como “ciencia ficción”. El informe de la UCO también menciona que Servinabar puso a disposición de Cerdán y su mujer una tarjeta de crédito con la que habrían gastado aproximadamente 3.500 euros. La instrucción del caso continúa en el Tribunal Supremo, donde Cerdán prestó declaración por última vez el 30 de junio de 2025.
