La Contralora General del Estado interina, Sandra Quiroga, llevó a cabo una visita oficial a la capital de Tarija con el propósito de encabezar una jornada de socialización dirigida a alcaldes, concejales, asambleístas y diversas autoridades departamentales y municipales. Durante este encuentro, la máxima autoridad de fiscalización enfatizó que el rol de la Contraloría no se limita exclusivamente a la fiscalización punitiva, sino que busca contribuir a que las entidades públicas administren los recursos estatales de manera correcta, transparente y con resultados tangibles para la población.
Uno de los puntos centrales de la intervención de Quiroga fue la advertencia sobre las obligaciones legales que recaen sobre las autoridades entrantes. Basándose en la Ley 1352, modificada por la Ley 1709, la Contralora recordó que quienes asumen cargos públicos tienen la obligación legal de exigir la rendición de cuentas a sus antecesores. Esta exigencia incluye la solicitud de informes detallados y la entrega de documentación completa sobre la administración de los recursos públicos. Quiroga fue enfática al señalar que, si dicha rendición de cuentas no se realiza de manera satisfactoria, las nuevas autoridades deben presentar denuncias inmediatas ante el Ministerio Público, ya que la omisión de este paso puede configurar el delito de incumplimiento de deberes.
Para ilustrar la importancia de esta medida, la autoridad mencionó que ya se han detectado casos similares en otros departamentos del país como parte de su campaña nacional de socialización, de la cual Tarija es el octavo departamento visitado. Citó como ejemplo situaciones ocurridas en Pando, donde las nuevas autoridades denunciaron la falta de entrega de maquinaria pesada, así como otros casos en los que no se recibió documentación relativa a proyectos de inversión pública en el área piscícola.
En cuanto a la situación específica de Tarija, Sandra Quiroga informó que la Contraloría está ejecutando diversas auditorías y supervisiones de oficio. Entre los casos más destacados se encuentra el manejo de los recursos destinados al Sistema Único de Salud (SUS). La autoridad explicó que, aunque el Estado transfiere fondos para garantizar la atención médica y la provisión de medicamentos, existen municipios que no han presentado la documentación necesaria para acreditar el uso adecuado de estos recursos. Si bien confirmó que hay gobiernos municipales involucrados en estas investigaciones, evitó dar nombres específicos para respetar el debido proceso, asegurando que los resultados se harán públicos al finalizar las auditorías.
Asimismo, la Contralora puso el foco en la infraestructura pública ineficiente, mencionando el caso de un matadero construido en Bermejo aproximadamente en el año 2015. A pesar de haber sido financiado con recursos públicos, la obra permanece sin funcionamiento hasta la fecha. Quiroga subrayó que las inversiones estatales deben responder a necesidades reales de la población y no convertirse en obras abandonadas. De igual manera, informó que se está realizando una revisión detallada de la inversión ejecutada por la Alcaldía de Tarija en el proyecto denominado Ciudad Inteligente.
Respecto al caso del denominado Puente Millonario, la Contralora aclaró que su institución no interviene activamente en este momento, ya que el proceso se encuentra bajo la jurisdicción del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Esta decisión tiene como fin evitar la duplicidad de actuaciones y no interferir en las investigaciones judiciales en curso. Por otro lado, recordó que la Contraloría ya emitió recomendaciones derivadas de una auditoría sobre la contaminación del río Guadalquivir, y que actualmente se encuentra realizando el seguimiento a los planes de acción presentados por diversos ministerios y entidades involucradas.
En el ámbito nacional, Quiroga destacó que el sector salud es una prioridad institucional debido al alto volumen de denuncias recibidas. Las auditorías en esta área no se limitan al control económico, sino que se extienden a los procesos de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos, identificando estas etapas como las más vulnerables del sistema sanitario.
Finalmente, la autoridad detalló que existen auditorías en curso sobre proyectos de gran magnitud a nivel nacional, incluyendo las inversiones en plantas de biodiésel, aeropuertos internacionales que no cumplen la función para la que fueron edificados, así como el Hospital de Cuarto Nivel y el Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en la ciudad de La Paz. Aunque no precisó el número exacto de procesos abiertos, reafirmó que el plan de fiscalización busca garantizar la transparencia y recuperar los daños ocasionados al Estado.
