Los países integrantes del Escudo de las Américas, una alianza estratégica impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitieron un comunicado oficial el pasado viernes en el que condenan firmemente los "esfuerzos continuos por derrocar" al Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Esta declaración surge en un momento crítico para la nación sudamericana, que cumple un mes sumergida en intensas tensiones políticas y sociales, marcadas por protestas y bloqueos de carreteras contra la actual administración.
En el documento publicado, la alianza manifestó su rechazo a las acciones destinadas a desestabilizar el mandato de Paz, calificándolo como un "gobierno legítimo y ampliamente electo". El Escudo de las Américas expresó su respaldo al presidente boliviano mientras enfrenta intentos que, según la organización, buscan hacer retroceder al país mediante "esfuerzos cínicos". Específicamente, el comunicado denuncia que estos movimientos pretenden impedir la distribución de suministros esenciales, como alimentos y medicamentos, para el pueblo boliviano a través de lo que describieron como "falsos bloqueos en las carreteras".
El pronunciamiento fue emitido de manera conjunta por los 13 países que conforman la alianza. Entre ellos se encuentran Estados Unidos y Bolivia. Con excepción del gobierno estadounidense, todos los miembros del grupo se ubican en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, compartiendo una tendencia política de derecha en sus administraciones actuales. Esta alianza fue consolidada el pasado marzo en Florida, durante una cumbre donde el mandatario Donald Trump propuso la creación de una "coalición militar" enfocada en combatir el crimen organizado, eje central de su agenda desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.
La inestabilidad en Bolivia no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en una crisis económica que afecta a la población desde el año 2023. Esta situación se ha visto agravada por una marcada escasez de divisas y un incremento en la inflación. En este contexto, el 6 de mayo comenzaron los bloqueos carreteros que el Escudo de las Américas atribuye a "grupos desestabilizadores". Estas movilizaciones son lideradas por organizaciones vecinales, campesinas y obreras, así como por simpatizantes del expresidente Evo Morales.
Los manifestantes exigen la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, argumentando que han sido marginados por las decisiones gubernamentales. Asimismo, denuncian que la administración de Paz busca implementar paquetes de leyes para privatizar y elevar los costos de los servicios básicos, afirmaciones que el Gobierno boliviano ha negado categóricamente.
El costo humano de este conflicto es alarmante. Según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo del Gobierno de Bolivia, las protestas y los operativos de desbloqueo han dejado al menos 10 personas muertas. La entidad señaló que estos fallecimientos se encuentran en un proceso de verificación defensorial para determinar con precisión las circunstancias de cada caso. Además, se han registrado más de 360 detenciones y decenas de heridos.
Detallando las cifras, la Defensoría informó que hubo 365 personas arrestadas en operativos vinculados a las movilizaciones en diversas regiones del país. De este grupo, 247 fueron liberadas, mientras que 118 permanecen en distintas situaciones jurídicas bajo seguimiento para asegurar el respeto al debido proceso. Respecto a los lesionados, se verificaron 37 personas heridas, incluyendo a transeúntes, periodistas, policías y personas movilizadas, con lesiones que varían desde traumatismos hasta policontusiones.
El impacto económico también ha sido severo. El Ministerio de Turismo de Bolivia estima pérdidas por un monto de 1.230 millones de dólares, advirtiendo además un deterioro significativo de la "imagen-país". Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias reportó pérdidas económicas que ascienden a los 2.100 millones de dólares a causa del conflicto social.
Ante la emergencia, Estados Unidos, Chile y Perú han enviado ayuda humanitaria al país, mientras que Argentina ha facilitado aviones de carga para el traslado de alimentos. Cabe destacar que Chile, Argentina y Estados Unidos son miembros activos del Escudo de las Américas.
Finalmente, el debate sobre el control del orden público ha escalado hacia la posibilidad de un estado de excepción. A finales de mayo, el presidente Paz promulgó una ley que eliminó las restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, permitiéndole decretar un estado de excepción sin necesidad de autorización previa del Legislativo. Aunque el Gobierno sostiene que esta medida es la "última opción", Paz afirmó en declaraciones a CNN que dicha acción está contemplada en la Constitución, subrayando que "los que no quieren dialogar tienen Constitución de por medio, ese es el límite".
