La Justicia de Perú ha admitido a trámite una solicitud de 'habeas corpus' presentada por el equipo legal del expresidente Pedro Castillo. Esta acción judicial tiene como objetivo principal lograr la puesta en libertad del exmandatario, basándose en las conclusiones de un informe elaborado por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según dicho organismo internacional, la detención de Castillo en el marco de las investigaciones por un presunto intento de golpe de Estado fue calificada como "arbitraria".
El proceso legal es impulsado por el abogado Walter Ayala, quien desempeñó el cargo de ministro de Defensa durante la gestión de Castillo. Ayala ha informado que el poder judicial peruano ha comenzado la evaluación de esta petición, la cual se estructura en siete puntos fundamentales. Entre las demandas principales se encuentra la anulación de la resolución emitida por el Congreso que derivó en la destitución de Pedro Castillo de la presidencia y que, posteriormente, sirvió de base para ordenar su detención.
En declaraciones otorgadas a la emisora peruana RPP, el abogado Ayala sostuvo que las medidas adoptadas contra el expresidente "no eran legales". En consecuencia, el equipo jurídico ha solicitado formalmente que se restituya la libertad que Castillo perdió en diciembre de 2022, fecha en la que se produjo la disolución del Parlamento y su posterior captura.
El fundamento central de esta solicitud reside en el análisis de los expertos de la ONU, quienes determinaron que la detención vulneró derechos fundamentales recogidos en instrumentos internacionales. Específicamente, el informe señala que se transgredieron los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los cuales protegen los derechos a la libertad, la prohibición de detenciones arbitrarias, el acceso a un tribunal independiente y el respeto a la presunción de inocencia.
Asimismo, el organismo internacional subrayó la violación de los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enfatizando que se vulneró el derecho a la libertad y el principio de igualdad ante los tribunales. Ante estos hallazgos, los expertos de la ONU han instado al Estado peruano a proceder con la liberación inmediata de Pedro Castillo y han señalado que el exmandatario posee el derecho de solicitar una reparación económica y legal por los perjuicios derivados de lo que consideran una detención arbitraria.
Por su parte, el Gobierno de Perú ha manifestado su rechazo a las conclusiones del documento. El ministro de Exteriores ha arremetido contra el informe, aclarando que este "no constituye una decisión jurisdiccional obligatoria". El representante gubernamental explicó que el objetivo de tales documentos es promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de Derechos Humanos, pero que carecen de fuerza ejecutiva dentro del país.
El canciller recalcó que estas recomendaciones no poseen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, por lo que no representan decisiones jurisdiccionales obligatorias y, por lo tanto, no producen efectos directos ni automáticos en el ordenamiento jurídico interno de Perú.
Este complejo escenario legal ocurre mientras Castillo cumple una condena. A finales de 2025, un tribunal de Perú condenó al expresidente a más de once años de prisión por el delito de conspiración para cometer rebelión. La sentencia se basó en la conclusión de que Castillo participó activamente en el intento fallido de golpe de Estado en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso para establecer un denominado "Gobierno de excepción". El exmandatario fue detenido inmediatamente después de anunciar dicha disolución en un mensaje dirigido a la nación, siendo destituido poco después.
A pesar de que su equipo legal ha presentado en repetidas ocasiones solicitudes de indulto, todas ellas han sido rechazadas por la Justicia peruana hasta la fecha. Cabe recordar que la destitución de Pedro Castillo no solo generó un vacío legal y político, sino que desencadenó una serie de protestas y episodios de violencia en diversas regiones del país, los cuales resultaron en decenas de fallecidos y dieron inicio a una nueva fase de crisis política en la nación peruana.
