Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Colegio Carlos Pellegrini, ambas instituciones dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), iniciaron una medida de fuerza consistente en la toma de su edificio. La acción comenzó este martes a partir de las 22 horas, como respuesta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y al deterioro presupuestario que afecta al sistema educativo público.
La decisión de ocupar el establecimiento fue tomada mediante asambleas realizadas en contraturno, donde el alumnado debatió la situación actual de la universidad. Según informaron desde el centro de estudiantes, la continuidad de la medida se definirá día a día a través de nuevas reuniones. No obstante, se adelantó que es probable que la toma se levante el jueves, debido a que el personal no docente tiene programadas elecciones y los estudiantes han recibido un pedido explícito para permitir que dichos comicios se lleven a cabo. Tras esa jornada, la posibilidad de retomar la medida el viernes volverá a ser discutida.
Esta protesta surge pocas semanas después de la masiva movilización universitaria registrada el pasado 12 de mayo, retomando el foco sobre el conflicto presupuestario que atraviesan las universidades nacionales. Ona Morgenfeld, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, señaló que este conflicto es una situación que viene interpelando a la comunidad educativa desde hace varios años. Morgenfeld explicó que, previo a la marcha de mayo, se generaron diversos espacios de debate para analizar el impacto directo de la crisis financiera sobre el colegio.
La dirigente estudiantil detalló que muchos alumnos sintieron la necesidad de seguir organizándose tras la movilización masiva, lo que llevó al centro de estudiantes a convocar las asambleas donde finalmente se decidió la toma del edificio luego del turno vespertino. Durante la medida, los estudiantes permanecerán dentro de la institución, organizando actividades y espacios de discusión centrados en la crisis universitaria. El objetivo primordial es visibilizar el reclamo por el financiamiento educativo y denunciar la caída salarial que afecta tanto a docentes como a trabajadores no docentes.
Respecto a las expectativas sobre una respuesta oficial, Morgenfeld se mostró cautelosa, mencionando que el Gobierno nacional ha dejado clara su postura frente a la universidad pública desde el inicio de su gestión. A pesar de ello, subrayó la importancia de sostener la protesta para que lo que está sucediendo en las aulas no quede invisibilizado.
El núcleo del conflicto reside en la Ley de Financiamiento Universitario, la cual había sido aprobada por el Congreso Nacional. Dicha normativa contemplaba la actualización de partidas presupuestarias para asegurar el funcionamiento de las universidades públicas y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. Asimismo, la ley proponía fondos específicos para la extensión universitaria, becas e investigación, además de establecer mecanismos de actualización vinculados a la inflación. Sin embargo, el Gobierno nacional procedió a vetar la ley, lo que ha generado advertencias sobre el impacto negativo en la infraestructura y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
En el caso particular del Colegio Nacional de Buenos Aires, los estudiantes aseguran que la crisis ya es perceptible en el aula. Morgenfeld alertó que existen docentes que perciben salarios hasta un 30% menores que en otros colegios de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dificulta la retención del plantel docente. Según la dirigente, profesores muy valorados por el alumnado se ven obligados a renunciar porque sus ingresos no les permiten cubrir sus necesidades básicas, obligándolos a pluriemplearse.
La preocupación se extiende a otras facultades de la UBA. Morgenfeld mencionó datos que circulan en la comunidad universitaria, indicando que en la Facultad de Ciencias Exactas más de 400 profesores habrían renunciado desde el comienzo del actual Gobierno, una cifra que genera alarma entre los estudiantes.
El sector docente y no docente ha manifestado su respaldo a la medida. Nicolás García Roel, preceptor y ex estudiante del Nacional Buenos Aires, afirmó que la situación económica ya afecta la operatividad diaria del colegio y expresó su solidaridad con el reclamo por la aplicación de la ley. García Roel explicó que muchos docentes optan por renunciar o tomar licencias para trasladarse a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad, donde el pago por hora de clase es superior.
Además, señaló que quienes permanecen en el cargo deben sumar una cantidad creciente de horas para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Esta situación repercute directamente en la calidad educativa, ya que reduce el tiempo disponible para la preparación de clases, la corrección de trabajos y el seguimiento pedagógico de los alumnos. El preceptor describió el clima interno como uno de "angustia e incertidumbre" debido al fuerte deterioro presupuestario.
Finalmente, la preocupación alcanza dimensiones asistenciales. Según Morgenfeld, tras reuniones con autoridades universitarias, se advirtió que incluso los hospitales universitarios podrían enfrentar dificultades críticas para continuar funcionando si no se recibe financiamiento en las próximas semanas.
