Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, ha presentado una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitando la destitución de la fiscal Rosario Quico Palomino. La magistrada, quien encabeza la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos, es señalada por el legislador de no haber aplicado la Ley 32107 en el proceso contra el general en retiro Juan Rivero Lazo, procesado por hechos vinculados a violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
En el documento remitido a la JNJ, Rospigliosi sostiene que la fiscal Quico Palomino transgredió el principio de legalidad penal y desacató disposiciones emitidas por el Tribunal Constitucional. El presidente del Congreso argumenta que el dictamen acusatorio contra Rivero Lazo carece de una motivación jurídica suficiente, razón por la cual solicita que se le imponga la sanción máxima prevista en el artículo 154 de la Constitución Política del Perú. La Ley 32107, norma impulsada por el propio Rospigliosi, establece la prescripción de delitos de lesa humanidad, punto central de la controversia actual.
El caso de Juan Rivero Lazo posee un antecedente complejo. El general fue condenado anteriormente por el caso Barrios Altos, cumpliendo parte de una sentencia que oscilaba entre los 15 y 20 años de prisión. No obstante, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación al considerar que existió un exceso de carcelería. Posteriormente, la expresidenta Dina Boluarte recibió al militar en Palacio de Gobierno y promulgó la Ley 32419, la cual otorga amnistía a policías, militares y rondas campesinas procesados por hechos ocurridos durante el conflicto armado.
Estas normativas han generado un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del periodo comprendido entre 1980 y 2000, quienes califican estas leyes como instrumentos de impunidad. Aunque más de cien procesados han solicitado acogerse a estos beneficios, el sistema judicial ha rechazado más de la mitad de dichas solicitudes hasta el mes de septiembre.
La acción contra la fiscal Quico Palomino no representa un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de denuncias interpuestas por Rospigliosi contra magistrados que utilizan el control difuso para inaplicar la Ley 32107. Entre los afectados se encuentra Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Rospigliosi solicitó su destitución en agosto de 2025, luego de que el magistrado declarara inaplicable la ley en el caso de un coronel en retiro procesado por el homicidio de siete personas en Ayacucho en 1984. Como resultado, la JNJ abrió un proceso disciplinario que culminó en la suspensión del juez por seis meses en junio de 2026.
Asimismo, en marzo de 2026, Rospigliosi, junto al congresista Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El magistrado había inaplicado la ley en un proceso contra expolicías por un caso ocurrido en 1983. La JNJ notificó el inicio de la investigación disciplinaria el 20 de mayo, aunque se registró un voto en discordia interno que sugería revisar si ya existían actuaciones disciplinarias previas sobre los mismos hechos.
En estos procesos, los jueces han sustentado sus decisiones basándose en tratados internacionales, afirmando que la Ley 32107 contraviene la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Ante esto, Rospigliosi ha calificado a los magistrados de "politizados" y "prevaricadores" a través de sus redes sociales.
Este comportamiento se extendió también al caso Cayara en enero de 2026. Antes de una audiencia virtual donde se decidiría la aplicación de la ley para militares acusados de matar a más de 30 comuneros en Ayacucho en 1988, Rospigliosi advirtió que los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata tenían "pésimos antecedentes". Aseguró que, de no acatar la norma, deberían ser detenidos en flagrancia y enviados a prisión. Tras el rechazo de la prescripción por parte de los jueces, el legislador reiteró que eran "politizados y prevaricadores", exigiendo "barrer" el sistema judicial.
La Corte Suprema respondió mediante un comunicado rechazando cualquier intento de condicionar decisiones judiciales o usar el poder político para presionar a los magistrados, advirtiendo que tal interferencia perjudica a la ciudadanía. Aunque familiares de las víctimas de Cayara denunciaron penalmente a Rospigliosi por presión indebida, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, archivó la denuncia el 24 de febrero de 2026.
Finalmente, Rospigliosi también denunció ante la JNJ a la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño por dejar sin efecto artículos de la Ley APCI (conocida como ley anti-ONG). Además, en marzo de 2026, presentó un proyecto de ley para tipificar los delitos de lesa humanidad recién a partir de este año, medida que especialistas han interpretado como un intento de anular los procesos judiciales en curso.
