La votación del informe de la Comisión Mixta relativo a la megarreforma ha sido aplazada hasta los primeros días del mes de agosto. Esta decisión se tomó tras una petición formal de los senadores pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI), fundamentada principalmente en la falta de quórum necesaria para proceder con la discusión y votación del texto en la Cámara Alta.
El núcleo de la controversia se centra en el informe de la Comisión Mixta que busca establecer una fórmula de compensación económica. Dicha medida es la respuesta del Gobierno ante el impacto financiero que sufrirían diversos municipios debido a una disposición incluida en la megarreforma, la cual propone la exención del pago de contribuciones para las personas adultas mayores de 65 años. Al quedar exentos estos contribuyentes, se prevé una disminución en la recaudación de recursos municipales, lo que hace necesaria la implementación de un mecanismo de resarcimiento estatal.
Hasta el momento, el proyecto había avanzado con celeridad en la Cámara de Diputados. En dicha instancia, el informe fue aprobado con un respaldo de 80 votos, contando con el apoyo explícito del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC). Sin embargo, este impulso se ha detenido abruptamente al llegar al Senado, donde la ausencia de quórum por parte de los partidos oficialistas ha forzado la postergación de la instancia.
En cuanto a los detalles técnicos del mecanismo propuesto por el Ejecutivo, el sistema establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) será el organismo encargado de determinar, de manera anual, el monto exacto de dinero con el que el Estado debe compensar a las municipalidades afectadas por la exención de contribuciones a los adultos mayores. Una vez definido este monto, el SII deberá informar la cifra a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería General de la República (TGR). Esta última institución será la entidad responsable de ejecutar la distribución efectiva de los recursos hacia cada una de las municipalidades.
No obstante, la implementación de este sistema no ha estado exenta de críticas desde la oposición. El senador Gustavo Sanhueza, representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ha manifestado fuertes cuestionamientos respecto a la gestión de los recursos financieros dentro de los gobiernos locales. Sanhueza exigió que la fórmula presentada por el Gobierno incorpore un sistema de fiscalización mucho más robusto, con el objetivo de supervisar estrictamente cómo se destinan los fondos compensatorios.
El senador Sanhueza denunció que existen numerosos municipios que están siendo administrados de forma desprolija, citando como evidencia la existencia de más de 512.000 millones de pesos en deudas previsionales. Según el parlamentario, estas sumas corresponden a cotizaciones no pagadas a los trabajadores municipales, afectando principalmente a los sectores de educación y salud. Ante este escenario, Sanhueza hizo un llamado directo al presidente José Antonio Kast para que adopte las medidas necesarias en materia de planificación para cancelar dicha deuda, proponiendo que estos pagos se realicen a través de descuentos aplicados al Fondo Común Municipal, además de implementar medidas que optimicen la gestión financiera municipal en todo el país.
Por otro lado, el proceso legislativo enfrenta otra complicación proveniente del senador Independiente Matías Walker. El legislador ha puesto en duda su voto, condicionándolo a que el Estado incorpore a las regiones de Atacama y Coquimbo dentro del Fondo de Emergencia, como respuesta a los daños provocados por el sistema frontal.
Walker informó que ha propuesto al Gobierno la utilización de un veto aditivo. Esta herramienta permitiría que, una vez aprobado el Plan de Reconstrucción, se incorporen los recursos específicos destinados a la reconstrucción de la Región de Coquimbo y de la Provincia del Huasco. El senador indicó que dispondrán de un plazo de dos semanas para determinar los montos exactos, esperando que esta sea la fórmula definitiva para garantizar los recursos necesarios para las zonas afectadas.
