El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido el procedimiento técnico necesario para que aquellos precandidatos vinculados al correísmo, quienes fueron inscritos originalmente a través del movimiento Amigo, tengan la posibilidad de postularse mediante otras organizaciones políticas en los comicios programados para el próximo 29 de noviembre. Esta medida surge como respuesta a la necesidad de dar claridad jurídica y técnica a los aspirantes tras las recientes suspensiones de ciertas agrupaciones políticas.
Para concretar estas definiciones, el CNE llevó a cabo la instalación de un consejo consultivo nacional el pasado 23 de julio de 2026 en la ciudad de Quito. En este espacio de diálogo participaron representantes de 10 partidos y movimientos políticos, quienes intercambiaron diversos criterios técnicos y organizativos enfocados en la planificación de las elecciones seccionales. La jornada estuvo liderada por el presidente del organismo electoral, José Cabrera, junto a los consejeros Enrique Pita y Elena Nájera.
El objetivo central del encuentro fue despejar las dudas técnicas relacionadas con el proceso de inscripción de candidaturas, una etapa crucial que se desarrollará entre el 2 y el 17 de agosto. El consejo consultivo se presentó como una herramienta para fortalecer la confianza de los actores políticos en las fases del proceso electoral, especialmente ante la incertidumbre generada por los fallos judiciales que han resultado en la suspensión de organizaciones como la Revolución Ciudadana (RC) y el movimiento Amigo.
Un punto crítico de la sesión ocurrió cuando la consejera Elena Nájera solicitó formalmente al director nacional de Organizaciones Políticas, Juan Carlos González, que brindara una explicación detallada sobre la situación de los precandidatos que ya habían completado sus procesos de democracia interna bajo la estructura del movimiento Amigo. Cabe recordar que esta organización fue suspendida el 17 de julio por una disposición emanada del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Ante esta inquietud, el funcionario Juan Carlos González aclaró que el CNE dispone de un mecanismo técnico para evitar que estos aspirantes queden excluidos de la contienda electoral. Entre las figuras beneficiadas por esta aclaración se encuentra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. El procedimiento técnico consiste en la eliminación de los formularios de registro de precandidaturas que fueron electas durante la etapa de primarias dentro del sistema informático del CNE.
Según la explicación brindada, una vez que la organización suspendida proceda con la eliminación de dichos registros en el sistema, el vínculo legal y técnico entre el precandidato y la organización se rompe. Esta acción deja al aspirante en un estado de "desbloqueo", lo que le permite ser inscrito legalmente por una nueva agrupación política que desee postularlo.
Este escenario de suspensiones y ajustes técnicos ha provocado un periodo de intensos diálogos y reconfiguraciones dentro del espectro político. Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), confirmó que su organización se encuentra manteniendo conversaciones profundas con dirigentes de la Revolución Ciudadana en al menos ocho provincias del país. No obstante, Vallejo fue enfático al señalar que cualquier posible alianza o acuerdo deberá pasar obligatoriamente por la aprobación de los órganos internos de su partido.
Por otro lado, no todas las fuerzas políticas comparten esta apertura hacia el correísmo. Gustavo Larrea, director del movimiento Futuro, descartó tajantemente cualquier tipo de acercamiento con la Revolución Ciudadana. Larrea manifestó que su organización cuenta con sus propios candidatos y que no comparten la línea política del correísmo, asegurando que su compromiso es con la democracia y no con proyectos que calificó como autoritarios.
Finalmente, los consejeros del CNE aprovecharon el marco del consejo consultivo para defender la autonomía de la institución frente a diversos cuestionamientos externos. El consejero Enrique Pita hizo un llamado directo a los representantes de los partidos políticos para que ejerzan un control electoral riguroso y supervisen detenidamente el funcionamiento del sistema de conteo de votos, con el fin de garantizar la transparencia total del proceso.
El organismo electoral subrayó que no ha iniciado, por cuenta propia, ningún examen para la cancelación de personería jurídica de organizaciones políticas. El CNE recalcó que su actuación se limita estrictamente al cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral, actuando siempre en apego al Código Orgánico Integral Penal.
