El radicalismo de Córdoba atraviesa un momento de alta tensión política que amenaza con repetir los escenarios de crisis más profundos de su historia reciente. Mientras Rodrigo de Loredo intensifica su despliegue territorial, moviéndose entre Córdoba Capital y Río Cuarto, la estructura partidaria se encamina hacia una posible judicialización debido a una feroz disputa por el control interno y la definición de la estrategia electoral rumbo a 2027.
El detonante de esta nueva crisis es la iniciativa impulsada por Marcos Ferrer, quien busca recolectar avales de comités departamentales y sectores aliados para habilitar una prórroga de los mandatos en la conducción partidaria, los cuales vencen a finales de septiembre. El argumento esgrimido por el sector deloredista es tanto económico como político; sostienen que no existen los fondos necesarios para costear una interna provincial y afirman que los dirigentes e intendentes del interior no tienen interés en llevar adelante dichos comicios.
Sin embargo, esta maniobra ha encendido las alarmas de sectores opositores dentro del partido. La Tercera Vía, el alfonsinismo y posiblemente el mestrismo han anticipado una ofensiva judicial en caso de que el Congreso partidario apruebe la prórroga. Dante Rossi, legislador provincial, fue tajante al advertir que acudirán a Tribunales, asegurando que no existe ningún argumento válido, ni pandemia ni situación excepcional, que justifique la violación de la Carta Orgánica para postergar una elección interna.
Dentro de la UCR, muchos consideran que, de concretarse la extensión de los mandatos, la Justicia Electoral terminará interviniendo. Los sectores críticos señalan dos precedentes clave que podrían influir en un fallo contra el esquema de Ferrer: la interna radical de 2025 y los comicios del PRO Córdoba, donde la justicia ordenó elecciones en contra de la voluntad de Mauricio Macri.
Más allá de la disputa reglamentaria, el conflicto esconde una lucha política profunda sobre la identidad del partido y su vinculación con el gobierno de Javier Milei. La disputa central radica en quién tendrá el control para definir las alianzas de 2027. Desde el espacio de Luis Quiroga y Dante Rossi plantean que se trata de una "interna de contenido", dividiendo al partido entre quienes buscan acuerdos con La Libertad Avanza y quienes consideran que no existen coincidencias políticas para tal alianza. Esta postura choca directamente con la estrategia de De Loredo, quien impulsa un frente opositor no peronista junto a Luis Juez y Gabriel Bornoroni.
En este contexto, el núcleo Identidad Radical ha lanzado duras críticas contra el exdiputado nacional. Martín Lucas denunció que es contradictorio pedir elecciones internas a LLA y a Juez mientras, simultáneamente, se "destruye la democracia interna de la UCR". El documento emitido por este sector acusa a la conducción de presionar a los comités departamentales mediante notas prefabricadas para generar un respaldo artificial a la prórroga, calificando la maniobra como "autoritaria y antidemocrática" para eludir el voto de los afiliados.
Paralelamente, la maquinaria deloredista no se detiene en el territorio. Rodrigo de Loredo profundiza sus recorridas por el interior, con visitas programadas a Río Cuarto y Calamuchita. Al mismo tiempo, en la capital provincial, Matías Gvozdenovich, jefe del bloque radical en la Unicameral, encabeza una gira por las seccionales para reactivar la militancia y consolidar músculo territorial. Gvozdenovich ha aprovechado estas recorridas para atacar al cordobesismo de Martín Llaryora, criticando la ambigüedad de diputados como Juan Schiaretti e Ignacio García Aresca frente al Gobierno nacional, especialmente en temas de recortes de subsidios a la educación pública, discapacidad y gas.
La tensión también ha llegado a San Francisco, donde Quiroga y Rossi se mostraron junto a Carlos Briner en un acto con fuerte tono opositor a la conducción alineada con De Loredo. Luis Quiroga, quien ha manifestado sus aspiraciones de conducir la UCR provincial, prometió devolverle la identidad y modernidad al partido, insistiendo en que la estrategia para 2027 debe resolverse colectivamente.
Desde el oficialismo partidario intentan relativizar el conflicto, argumentando que las prórrogas de mandatos han sido una práctica constante en la historia de la UCR cordobesa. No obstante, la profundidad de las divisiones y la amenaza de judicialización sugieren que el partido camina al borde de una fractura, mientras De Loredo continúa consolidando su presencia territorial en las dos capitales cordobesas.
