Un año después del apagón ibérico que afectó a 50 millones de personas, la búsqueda de culpables continúa sin resultados concluyentes, mientras los consumidores asumen un recargo en sus facturas de electricidad. El incidente, considerado el más grave en el sistema eléctrico europeo en dos décadas, ha expuesto la vulnerabilidad de una infraestructura que hasta entonces se consideraba segura y fiable. Diversos informes han reconstruido los eventos del 28 de abril de 2025, señalando un origen multifactorial relacionado con sobretensiones y repartiendo la responsabilidad entre Red Eléctrica y las empresas eléctricas.
Según los análisis, Red Eléctrica, como operador del sistema, habría implementado una programación de seguridad insuficiente, mientras que las eléctricas habrían mostrado un funcionamiento anómalo en algunas de sus instalaciones. Este fue el hallazgo principal del informe conjunto del Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y expertos europeos de Entso-E.
A pesar de las conclusiones del informe gubernamental, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha evitado atribuir responsabilidades directas al Ejecutivo, delegando la tarea de determinar los culpables en los tribunales y la CNMC.
La CNMC ha abierto 56 expedientes sancionadores a diversas instalaciones y empresas por incumplimientos, dos de los cuales se consideran muy graves y podrían acarrear riesgos para la seguridad del suministro o para las personas. Estos expedientes involucran a Red Eléctrica, Iberdrola Generación y la compañía propietaria de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy). El resto de los expedientes, considerados graves pero sin riesgo inmediato, se dirigen a instalaciones de generación de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, Totalenergies, Engie y ContourGlobal.
Sin embargo, la CNMC ha aclarado que estos expedientes, incluso si se confirman los incumplimientos, no constituirán por sí mismos la causa del apagón. Esto significa que, aunque se demuestre que las empresas expedientadas no cumplieron con sus obligaciones, no se les responsabilizará directamente del corte de suministro.
La Ley del Sector Eléctrico establece que el Gobierno y la CNMC son los responsables de imponer sanciones, dependiendo de la infracción. El Gobierno tiene competencia en cuestiones relacionadas con la seguridad del suministro, lo que afectaría a los expedientes de Red Eléctrica y Almaraz, mientras que la CNMC se encarga de las infracciones relacionadas con los mercados. La ministra Aagesen ha anunciado que su Ministerio esperará la finalización de las investigaciones para determinar si se aplicará algún castigo.
Las sanciones por infracciones muy graves, como la que se imputa a Red Eléctrica, podrían ascender a una multa de entre 6 y 60 millones de euros, así como la inhabilitación o suspensión de autorizaciones para operar en el sector eléctrico durante un máximo de tres años, y la pérdida de acceso a subvenciones o ayudas públicas durante el mismo período. Las infracciones graves podrían acarrear multas de entre 600.000 y 6 millones de euros, junto con inhabilitaciones, suspensiones o la pérdida de ayudas públicas por un máximo de un año.
La identificación de culpables se complica por el temor a desencadenar una avalancha de reclamaciones millonarias. Repsol ya ha anunciado acciones legales por daños valorados en 175 millones de euros, y se espera que otras empresas sigan su ejemplo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también está considerando emprender acciones judiciales y ha presentado una reclamación extrajudicial para interrumpir la prescripción de acciones.
El apagón del 28 de abril puso de manifiesto que la regulación no ha seguido el ritmo de la rápida expansión de las energías renovables. Dos meses después del incidente, la CNMC aprobó una nueva normativa técnica, solicitada por Red Eléctrica desde hacía cinco años, que permite a las renovables controlar la tensión de la red de forma dinámica, una medida que, según el operador del sistema, podría haber evitado el apagón. La comisión de investigación del Senado concluyó que la CNMC también comparte la responsabilidad por omisión regulatoria .
En octubre de 2025, Red Eléctrica limitó la velocidad de inyección de energía de las plantas eólicas y fotovoltaicas, pasando de un margen de 2 minutos a 15 minutos para la entrada y salida de potencia, con el objetivo de evitar sobretensiones y mejorar la estabilidad del sistema. Desde el 28 de abril, el sistema opera en un modo reforzado , que implica un mayor uso de centrales convencionales (gas, nuclear) para garantizar la seguridad del suministro.
Este modo reforzado garantiza un sistema más seguro, pero conlleva un aumento en los costes. Red Eléctrica estima que el sobrecoste desde mayo de 2025 hasta marzo de 2026 asciende a 666 millones de euros, lo que equivale a 4 céntimos al día para los consumidores con tarifa regulada PVPC y un consumo medio de 300 kWh. Esto significa que estos clientes han pagado alrededor de 15 euros más durante el último año. Según la comparadora de precios de la energía Selectra, la factura de la luz ha aumentado un 10% en los últimos once meses.
La consultora Selectra advierte que, además del modo reforzado , los costes de seguridad del sistema han aumentado debido a la imprevisibilidad de las energías renovables y la falta de almacenamiento, lo que dificulta la gestión de la energía y aumenta la necesidad de intervención del sistema. "El resultado es un sistema más complejo de operar, donde producir electricidad puede ser más barato, pero gestionarla es más caro", concluye.
