El ministro de Economía, Luis Caputo, llevará a cabo este miércoles una conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda para presentar el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa será girada a la Cámara de Diputados con el objetivo primordial de corregir obstáculos técnicos y brindar mayores garantías a los contribuyentes, buscando así incentivar la regularización de aproximadamente USD 170.000 millones que, según estimaciones oficiales, se encuentran actualmente fuera del sistema financiero.
La decisión de reformular la normativa surge tras un proceso de revisión profunda que el equipo económico inició en las últimas semanas. El punto de inflexión de este camino ocurrió en el mes de mayo, durante una reunión entre el ministro y diversos especialistas en materia tributaria. En dicho encuentro, los expertos advirtieron sobre los inconvenientes que presentaba la versión original de la ley y sugirieron modificaciones puntuales para proporcionar una mayor seguridad jurídica a aquellos ciudadanos e instituciones interesados en adherirse al blanqueo de capitales.
En términos de plazos y obligaciones fiscales, el Gobierno estableció la semana pasada una serie de medidas provisorias. Se decidió mantener la fecha de pago del impuesto a las Ganancias para el 27 de julio, mientras que la obligación de presentar la declaración jurada fue pospuesta hasta el 27 de agosto. El oficialismo mantiene la expectativa de que la Cámara de Diputados apruebe la versión mejorada de la ley antes de que venza este último plazo, permitiendo que los contribuyentes se sumen al régimen bajo las condiciones revisadas.
El eje central de la propuesta es la remonetización de la economía argentina. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), existen USD 170.000 millones que no están bancarizados. El ministro Caputo ha defendido la necesidad de avanzar con esta ley argumentando que el ahorro "bajo el colchón" no solo provoca una pérdida de poder de compra para el ahorrista, sino que priva al país de recursos esenciales para el crecimiento. Según el funcionario, estos fondos deberían capitalizarse o transformarse en inversiones que bancos y Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) puedan destinar al financiamiento de pequeñas y medianas empresas (pymes) y proyectos de infraestructura.
Ante la falta de resultados y la insuficiente adhesión generada por la normativa actual, el Ejecutivo busca una respuesta más efectiva. Respecto a la viabilidad legislativa, Caputo sostuvo que, dado que el Congreso ya había aprobado la versión original, no debería haber inconvenientes en aprobar una versión mejorada que incorpora las sugerencias de un grupo de contadores sobre las razones por las cuales la medida no estaba teniendo el impacto esperado.
El nuevo texto introduce cambios sustanciales, destacándose la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio. En la versión anterior, estos límites se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Al eliminar estas restricciones, el Gobierno pretende ampliar el universo de personas físicas y jurídicas que puedan regularizar sus fondos, facilitando la inclusión de aquellos que quedaron fuera de los parámetros previos por diversas razones.
No obstante, algunos puntos siguen generando debate, especialmente la obligatoriedad de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) para exteriorizar fondos. Esta condición ha suscitado polémica en el ámbito parlamentario, en parte debido a que funcionarios públicos, incluido el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, se han sumado a dicho régimen. Aunque la adhesión al RSG no implique automáticamente el uso del mecanismo de exteriorización, la situación ha alimentado el recelo de la oposición y la discusión política.
En este contexto, la situación de las personas políticamente expuestas (PEP) ha cobrado relevancia. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que, si bien el anteproyecto permitía el ingreso de grandes contribuyentes al RSG, estos no gozaban de beneficios como el efecto liberatorio del pago o la presunción de exactitud. Domínguez sugirió que sería razonable excluir a las personas políticamente expuestas de tales beneficios y reclamó la eliminación de límites que excluían a quienes poseían fondos provenientes de herencias o ventas de activos.
Finalmente, el proyecto aborda la definición de "discrepancia significativa" y los umbrales de punibilidad. Domínguez explicó la necesidad de eliminar la exclusión de la disminución de saldo a favor y revisar el umbral de punibilidad para la evasión simple, que el anteproyecto fijó en el 5% del monto objetivo. Bajo la legislación vigente, esto equivale a $5 millones, cifra considerada elevada por los tributaristas. Asimismo, se ha planteado la necesidad de aclarar en el texto si el monto de punibilidad vigente debe considerarse al momento del vencimiento o de la presentación de la declaración jurada.
