El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el programa Auto+, una iniciativa gubernamental diseñada para impulsar la movilidad sostenible mediante la concesión de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados. Con una dotación presupuestaria total de 400 millones de euros, el programa busca dinamizar el mercado y acelerar la transición energética en el sector del transporte. Un aspecto fundamental de este real decreto es su carácter retroactivo, ya que las ayudas se aplicarán a las compras realizadas desde el pasado 1 de enero.
La estructura de las subvenciones se divide principalmente en dos categorías de beneficiarios. En primer lugar, el programa se dirige a personas físicas que no desarrollen una actividad económica. Para este grupo, las ayudas cubren la compra de vehículos nuevos o seminuevos, siempre que estos últimos tengan una antigüedad máxima de doce meses. En este segmento, los importes varían según el tipo de vehículo: los turismos electrificados pueden recibir hasta 4.500 euros, mientras que las furgonetas cuentan con una ayuda de 5.000 euros. Asimismo, se contemplan subvenciones de 1.100 euros para motocicletas y de 1.500 euros para cuadriciclos.
El segundo bloque de ayudas está destinado a empresas, autónomos y personas físicas que lleven a cabo una actividad económica. A diferencia de los particulares, este grupo no solo puede acceder a la ayuda mediante la compra en propiedad, sino que también se incluyen las operaciones de renting y leasing financiero. Para los autónomos y las micropymes, las cuantías son significativamente superiores, pudiendo alcanzar los 7.000 euros para coches, siempre que se cumplan determinadas obligaciones, y llegar hasta los 12.000 euros en el caso de las furgonetas.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo que el objetivo es llegar a un espectro amplio de ciudadanos, abarcando desde familias hasta pymes y micropymes. Respecto a la gestión, las solicitudes se podrán tramitar de forma telemática a través del sistema gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, pudiendo realizarse directamente por el interesado o mediante la intermediación de concesionarios, empresas de leasing o de renting.
En relación con la sostenibilidad financiera del plan, Hereu señaló que, aunque la dotación es de 400 millones de euros, el Gobierno no prevé que los fondos se agoten en septiembre. Según el ministro, se considera que dicha cifra es suficiente para afrontar adecuadamente el presente año. Además, subrayó que el plan Auto+ no es una medida aislada, sino que se sustenta en tres pilares estratégicos: la transformación de las cadenas productivas nacionales para la fabricación de vehículos eléctricos, la creación de una red de recarga pública extendida por todo el territorio nacional y el incentivo de la demanda para dinamizar el mercado.
El sector industrial ha recibido la noticia con optimismo. Las patronales Anfac (fabricantes), Ganvam (distribución) y Faconauto (concesionarios) han calificado las bases reguladoras como un "paso fundamental" para acelerar la electrificación en España, destacando que estas medidas aportan la certidumbre necesaria para que los compradores se decidan por este tipo de tecnología. Especialmente Anfac ha resaltado que las ayudas del Auto+ son compatibles con otros incentivos. Por un lado, existen las ofertas de las propias marcas, que pueden llegar a los 1.000 euros, y por otro, la deducción en el IRPF, que alcanza el 15 % del importe de la compra con un tope de 3.000 euros.
A pesar del balance general positivo, existen algunas demandas y críticas sectoriales. Ganvam ha solicitado al Gobierno que garantice que la dotación económica sea suficiente para cubrir la demanda real, al menos hasta finales de año. Por su parte, Faconauto ha subrayado que el papel de los concesionarios será clave para ofrecer una explicación clara y detallada a cada cliente potencial.
El sector de las motocicletas, representado por Anesdor, también ha valorado positivamente el decreto, aunque ha señalado dos puntos insuficientes. En primer lugar, consideran que el programa debería haber incluido a los ciclomotores. En segundo lugar, critican que el tope de 10.000 euros para las motos incluidas sea demasiado bajo, lo que supone una penalización para aquellos modelos de mayores prestaciones.
Finalmente, el sindicato UGT ha calificado la aprobación como una noticia positiva para el sector automovilístico, pero ha lamentado el tiempo transcurrido desde el anuncio inicial del programa, que ocurrió hace ocho meses. Ante esta demora, la organización sindical reclama celeridad en la publicación oficial del programa en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El programa Auto+ permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, estableciendo así un horizonte a largo plazo para la renovación del parque automovilístico español.
