Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) revela un preocupante deterioro en el financiamiento universitario y una consecuente pérdida de poder adquisitivo para los docentes. El estudio técnico detalla una caída real del 28,9% en el financiamiento entre 2023 y 2025, con más del 87% del presupuesto destinado a salarios. En el caso específico de la UNL, este porcentaje asciende al 96% de los recursos provenientes del Tesoro Nacional.
Esta situación financiera ha impactado directamente en los ingresos de los docentes, quienes han experimentado una pérdida de aproximadamente un 35,7% en su poder adquisitivo en comparación con diciembre de 2023. El informe subraya que los salarios docentes se encuentran significativamente por debajo de los niveles necesarios para mantener su poder adquisitivo, y esta brecha continúa ampliándose con el tiempo.
La decana de la FCE-UNL y vicerrectora de la UNL, Liliana Dillon, explicó que lo que estamos viendo es un deterioro sostenido del salario universitario que lo va alejando cada vez más de otros sectores de la economía. Hoy un docente cobra apenas una parte de lo que debería percibir para sostener su poder adquisitivo. Este informe pone en números esa pérdida y permite dimensionar su impacto real en el sistema universitario .
El análisis del informe también considera escenarios futuros basados en la legislación vigente y en el nuevo proyecto propuesto por el Ejecutivo. De acuerdo con la ley actual, los salarios docentes deberían recomponerse en un 55,5% para recuperar el poder adquisitivo perdido. Sin embargo, el estudio advierte que la implementación del nuevo proyecto del Ejecutivo no solo impediría esta recuperación, sino que podría profundizar la pérdida, reduciendo los salarios docentes a entre el 64% y el 67% del nivel que deberían tener.
Dillon enfatizó las consecuencias de esta situación: Cuando se deteriora el salario docente, no solo se afecta a quienes trabajan en la universidad, sino también la calidad del sistema en su conjunto. La universidad pública necesita condiciones que permitan sostener su funcionamiento, su capacidad académica y su rol en el desarrollo del país .
El informe de la FCE-UNL pone de manifiesto un rezago creciente en los ingresos docentes en comparación con otros sectores, tanto públicos como privados. La asignación abrumadora de recursos a salarios, combinada con la disminución del financiamiento general, ha generado una situación insostenible que amenaza la viabilidad del sistema universitario público.
La investigación detalla que la alta proporción del presupuesto universitario destinada a salarios, cercana al 90% en la mayoría de las instituciones, limita la capacidad de inversión en infraestructura, investigación y otros aspectos cruciales para el desarrollo académico. Esta restricción presupuestaria se agrava con la inflación y la devaluación de la moneda, que erosionan aún más el poder adquisitivo de los docentes.
El estudio también señala que la falta de previsibilidad en el financiamiento universitario dificulta la planificación a largo plazo y la implementación de políticas que promuevan la calidad educativa. La dependencia del Tesoro Nacional y la variabilidad de las asignaciones presupuestarias generan incertidumbre y limitan la autonomía de las universidades.
La pérdida de poder adquisitivo de los docentes no solo afecta su calidad de vida, sino que también puede tener consecuencias negativas en la atracción y retención de talento en el sistema universitario. La falta de incentivos económicos puede desmotivar a los docentes y dificultar la incorporación de nuevos profesionales, lo que a su vez puede afectar la calidad de la enseñanza y la investigación.
El informe de la UNL insta a una revisión urgente de las políticas de financiamiento universitario y a la implementación de medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los docentes y garantizar la sostenibilidad del sistema educativo público. La universidad pública, según el estudio, es un pilar fundamental para el desarrollo del país y requiere de condiciones que le permitan cumplir con su rol social y académico.
La situación descrita en el informe de la FCE-UNL no es exclusiva de la UNL, sino que refleja una tendencia generalizada en las universidades públicas de todo el país. La crisis financiera que atraviesan las instituciones de educación superior exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades nacionales y provinciales.
El estudio concluye que la inversión en educación superior es una inversión en el futuro del país y que el deterioro de las condiciones laborales de los docentes puede tener consecuencias negativas a largo plazo en el desarrollo económico y social. La universidad pública, como motor de conocimiento y formación de profesionales, necesita de recursos adecuados para cumplir con su misión y contribuir al progreso de la nación.
