La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Escuelas Protegidas con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, una iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast que busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales a través de medidas como la revisión de mochilas. La propuesta ahora será revisada por el Senado, pero ya genera controversia, con diputados de la oposición amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional por posibles vulneraciones a normas fundamentales.
El proyecto, visado en general tras un extenso debate, busca otorgar mayores atribuciones a los establecimientos educacionales en materia de seguridad. Sin embargo, la oposición ha manifestado serias reservas sobre su constitucionalidad, anticipando una batalla legal en caso de que se mantengan ciertos puntos considerados problemáticos.
La aprobación en la Cámara se produjo después de que el gobierno ya había logrado un importante triunfo político al suspender la gratuidad con más de 80 votos. El proyecto Escuelas Protegidas se suma a esta serie de iniciativas que buscan reforzar la seguridad ciudadana, aunque a costa de generar tensiones con los partidos de la oposición.
Durante la votación de las indicaciones, se presentaron diversas propuestas, algunas impulsadas por la diputada Emilia Schneider (FA) en la comisión correspondiente. Sin embargo, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Schneider, junto con el diputado Héctor Ulloa (PPD), presentaron siete y una reserva de constitucionalidad respectivamente, argumentando que algunos artículos aprobados podrían vulnerar derechos fundamentales.
Las reacciones a la aprobación del proyecto fueron polarizadas. Desde el oficialismo, se defendió la iniciativa como una herramienta necesaria para garantizar la seguridad en las aulas y proteger a los estudiantes y docentes. En contraste, la oposición advirtió que las reservas de constitucionalidad no serán meramente formales y que recurrirán al Tribunal Constitucional si es necesario.
La diputada Emilia Schneider enfatizó que el enfoque debería estar en políticas estructurales para abordar las causas de la violencia en las escuelas. Acá lo que hay que hacer es implementar la ley de convivencia educativa, invertir en salud mental juvenil y tener un buen control de armas como sociedad , afirmó.
Por su parte, la bancada del Partido de la Gente (PDG) expresó su preocupación por la falta de garantías suficientes para proteger a los docentes y asistentes de la educación. La diputada Paula Olmos señaló que el proyecto presenta vacíos importantes y que sus propuestas no fueron consideradas.
Desde el Frente Amplio, también surgieron cuestionamientos sobre el contenido de algunas disposiciones. La diputada Gael Yeomans criticó que el proyecto no contempla la obligación de informar a los padres o apoderados cuando sus hijos sean sometidos a revisiones en los colegios.
La diputada Ana María Gazmuri cuestionó el rechazo de indicaciones que buscaban establecer límites y garantías mínimas para los estudiantes, como evitar revisiones forzosas a menores de 14 años, limitar el contacto físico, resguardar la privacidad, incorporar a los apoderados y establecer controles al actuar policial.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el respaldo transversal que obtuvo la iniciativa, pero defendió el diseño del proyecto frente a las críticas. Argumentó que una sobrerregulación podría entorpecer la aplicación de las medidas propuestas y que el proyecto busca permitir a los colegios incorporar medidas de seguridad en sus reglamentos internos sin generar una carga excesiva.
Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que hemos querido introducir. Esa es una de las razones por las que hemos optado por un proyecto que no entre tanto en detalle, que permita que los colegios incorporen en sus reglamentos internos medidas que los ayuden a hacer frente y prevenir hechos de violencia, sin generar una sobrecarga que haga estas medidas inaplicables , explicó la ministra Arzola.
El proyecto ahora avanzará a la Comisión de Educación del Senado y luego a la sala de la Cámara Alta, donde se definirá su futuro. La posibilidad de un tercer trámite en la Cámara de Diputados también está latente, dependiendo de las modificaciones que se realicen en el Senado.
El debate sobre Escuelas Protegidas no solo tensiona al Congreso, sino que anticipa una eventual disputa en el Tribunal Constitucional, lo que podría prolongar la incertidumbre sobre su implementación y generar un nuevo foco de conflicto político en el país. La oposición se muestra decidida a defender lo que considera derechos fundamentales, mientras que el gobierno insiste en la necesidad de fortalecer la seguridad en las escuelas. El resultado final dependerá de la capacidad de ambas partes para llegar a un acuerdo o de la decisión del Tribunal Constitucional.
La aprobación de este proyecto marca un hito en la política de seguridad escolar en Chile, abriendo un debate profundo sobre los límites entre la protección de los estudiantes y el respeto a sus derechos fundamentales. La discusión continuará en el Senado, donde se espera que se presenten nuevas propuestas y argumentos, y donde se definirá si el proyecto se convierte en ley o si debe ser modificado para evitar posibles conflictos constitucionales. La sociedad chilena observa con atención este proceso, consciente de la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje en las escuelas.
