La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha emitido una alerta pública tras denunciar la existencia de un patrón sistemático de amenazas, hostigamientos y torturas dirigidos contra los beneficiarios de la reforma agraria en diversos departamentos de Colombia. Según la entidad, estas acciones violentas tienen como propósito fundamental intimidar y desplazar a las familias que han recibido tierras mediante los procesos de redistribución, buscando así frenar y obstaculizar los procesos de titulación rural en el país.
Al respecto, Felipe Harman, director de la ANT, ha manifestado que existen intereses oscuros detrás de estas agresiones. Harman señaló específicamente que grupos criminales, mencionando el caso de alias Barbie, buscan recuperar predios que el Estado ya había adjudicado legalmente a comunidades campesinas. De manera preocupante, el director también advirtió sobre la existencia de intentos por parte de sectores cercanos al nuevo gobierno para revertir la entrega de terrenos que fueron recuperados de manos de la mafia. Ante este panorama, la ANT ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que vigile la seguridad de los líderes rurales y las familias afectadas por estas intimidaciones.
En paralelo a estas denuncias, la ANT informó sobre avances operativos en la recuperación de predios. El pasado 25 de julio, la entidad llevó a cabo diligencias en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, logrando la recuperación de más de 800 hectáreas. Estos terrenos pertenecieron en su momento a Orlando Henao Montoya, reconocido en el ámbito criminal como el “Hombre del Overol” y fundador del Cartel del Norte del Valle.
En total, la operación permitió la aprehensión de diez predios. De estos, cuatro se encuentran ubicados en el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Tuluá. Este punto era estratégico para el capo Henao Montoya, quien logró consolidar su poder sobre las rutas del narcotráfico en la región tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes habían sido los pilares del Cartel de Cali.
Sobre estas intervenciones, la ANT detalló la recuperación de los predios denominados El Gorrón, Lote 1, Sin Dirección y Lote de El Pital, todos vinculados a José Orlando Henao Montoya. La entidad subrayó que el objetivo de estas acciones es avanzar en la recuperación de tierras para que estas cumplan una función social y productiva, poniéndolas al servicio de las comunidades campesinas. Estos terrenos se suman a otras 400 hectáreas ya entregadas a campesinos de Tuluá, donde se identificaron y recuperaron los predios El Pital, El Gorrón, La Mona y La Peva, los cuales habían permanecido sin aprovechamiento durante años debido a los procesos judiciales contra sus antiguos propietarios.
La transferencia de estos terrenos se ha realizado hacia comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, con la finalidad de fortalecer la economía local e impulsar proyectos productivos. Durante las diligencias de intervención, las autoridades verificaron que algunos de estos predios habían sido invadidos por terceros y confirmaron que existían vínculos entre los ocupantes y familiares de Henao Montoya, quienes están relacionados con procesos judiciales por lavado de activos.
Sobre el perfil del antiguo propietario, se recuerda que Orlando Henao Montoya, el “Hombre del Overol”, fue asesinado el 13 de noviembre de 1998 mientras se encontraba recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. El responsable del crimen fue José Manuel Herrera Buitrago, conocido como “El Inválido”, hermano de “Pacho” Herrera, cabecilla del Cartel de Cali que había sido ultimado previamente en la prisión de Palmira por orden directa de Henao.
Finalmente, la gestión de la ANT ha estado en el centro del debate público debido al Decreto 0765 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional. Esta norma reglamenta el saneamiento de los predios adquiridos como parte de la reforma agraria, permitiendo que la agencia tome posesión inmediata de los terrenos y gestione la cancelación de cargas registrales, tales como gravámenes y limitaciones, para agilizar la titulación. El decreto estipula que el saneamiento procede incluso si surgen vicios posteriores a la adquisición, aunque no anula el derecho de terceros a reclamar indemnizaciones mediante la vía judicial. En los casos donde la justicia ordene la devolución de un predio ya entregado a campesinos, la ley establece que se deberá realizar un reintegro económico a los antiguos dueños.
