El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella comienza su gestión con un panorama legislativo complejo, donde las mayorías no parecen responder a la disciplina tradicional de los partidos. A pesar de contar con un bloque inicial de apoyo en su coalición, el Ejecutivo se enfrentará a la necesidad constante de negociar con sectores que han demostrado cambiar su posición política según las circunstancias y los intereses del momento.
La fragilidad de las lealtades partidistas quedó evidenciada el pasado 20 de julio en el Senado. La elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente de la corporación, superando a Alfredo Deluque (del Partido de la U e impulsado por el gobierno entrante), dejó claro que los compromisos de bancada no son inamovibles. No obstante, el Legislativo ha mostrado que, aunque reclama independencia, mantiene puentes con el nuevo mandatario. Ejemplo de esto fue la aprobación, con 55 votos a favor y 32 en contra, de la proposición de Enrique Gómez para trasladar la posesión presidencial al Cauca, señalando que las alianzas se recomponen proyecto a proyecto.
Según un análisis de la firma Orza, Colombia eligió un Congreso fragmentado y altamente sensible a la representación política. En este escenario, las mayorías dependen de acuerdos sucesivos, la capacidad de priorización del gobierno y una administración permanente de las expectativas regionales y partidistas.
En el Senado, integrado por 103 congresistas, el bloque declarado de gobierno reúne inicialmente a 37 senadores, sumando al Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional y los tres integrantes de Mira. A este grupo podrían sumarse cinco congresistas independientes de partidos tradicionales que mantienen el respaldo dado durante la campaña, como es el caso de Alfredo Deluque. Por otro lado, la oposición declarada suma 26 curules entre el Pacto Histórico y la curul del Estatuto de la Oposición ocupada por Iván Cepeda, a lo que podrían añadirse senadores indígenas y algunos sectores del partido Verde.
Aún quedan 37 curules sin posición formal. El Partido de la U y los Conservadores tienen reuniones pendientes para decidir si se suman al oficialismo. Si los ocho senadores de La U y los nueve conservadores —excluyendo a Wadith Manzur, quien se encuentra preso por presuntas irregularidades en la UNGRD— se incorporan, la coalición alcanzaría los 54 votos. Sin embargo, esta ventaja sería estrecha y no garantizaría obediencia, ya que el comportamiento individual de los congresistas pesa cada vez más que las decisiones del partido.
En la Cámara de Representantes la situación es similar: hay 53 curules confirmadas a favor del gobierno (Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional y 11 curules de paz) frente a 42 de oposición, mientras que 88 curules no han definido su postura. Aunque la Cámara es históricamente más afín al gobernante que el Senado, el panorama general sugiere un Congreso difícil de manejar.
El exsenador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, advirtió que el gobierno se enfrenta a un Congreso "ingobernable", especialmente por la influencia de los partidos "bisagra" como los Liberales y La U. Según Motoa, estos sectores suelen estar acostumbrados al clientelismo y a la búsqueda de cuotas burocráticas, lo que podría generar reveses para el presidente electo si no obtienen los espacios de poder deseados.
Casos específicos ilustran esta volatilidad. En el Partido Liberal, María Eugenia Lopera apoyó consistentemente las reformas del gobierno anterior pese a las sanciones de su bancada. Fabio Raúl Amín, quien pasó de apoyar a Federico Gutiérrez en 2022 a ser aliado de Gustavo Petro, se encuentra actualmente bajo indagación de la Corte Suprema por presuntas cuotas burocráticas en el Fondo Nacional del Ahorro, aunque recientemente mostró un guiño al gobierno entrante al respaldar a Alfredo Deluque. Asimismo, Yessid Pulgar ha mostrado flexibilidad, apoyando a Paloma Valencia pese a haber sido impulsado previamente por Roy Barreras.
En el Partido Conservador, la inestabilidad es notable. La colectividad dejó de ser partido de gobierno en mayo de 2023 tras la pérdida de sus cuotas en el gabinete. Además, la Veeduría Nacional del Conservador sancionó a siete congresistas por aprobar la reforma pensional en noviembre de 2024. Casos como el de Daniel Restrepo, Miguel Ángel Barreto y Diela Liliana Benavides muestran tensiones internas sobre la coherencia ideológica del partido frente a gobiernos de izquierda.
Finalmente, en el Partido de la U, figuras como Wilmer Carrillo y John Besaile han mostrado posturas contradictorias, votando a favor de reformas gubernamentales mientras apoyaban en campaña a figuras críticas como Paloma Valencia. Alfredo Deluque, quien se definió como un "opositor racional" del gobierno anterior, es ahora un aliado cercano de Abelardo de la Espriella.
Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos del Rosario, concluye que los partidos tradicionales tenderán a acomodarse al poder de turno para mantener el control. Así, la gobernabilidad del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para negociar permanentemente con los liberales, los partidos de centro y la Alianza Verde, que actuará como una fuerza independiente.
