El exmandatario Juan Orlando Hernández tiene programado su regreso a territorio hondureño el próximo domingo 26 de julio a las 9:00 de la mañana. Su arribo se produce tras un periodo de encarcelamiento en prisiones federales de Pensilvania y Nueva York, donde un tribunal lo había condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas. El retorno es posible gracias a un indulto otorgado por Donald Trump, medida que, aunque le concede la libertad legal, no borra la condena ni declara la inocencia del exdirigente.
El aterrizaje del exmandatario se prevé bajo un despliegue de altísima seguridad, con la asignación de escoltas y dispositivos de protección por parte del Estado. Esta decisión ha generado fuertes críticas debido al contraste que representa frente a la desprotección de otros sectores de la sociedad. Se señala que el Estado hondureño, que no ha logrado garantizar la seguridad de maestros rurales amenazados, periodistas exiliados o dirigentes comunitarios bajo riesgo de muerte en zonas como La Moskitia o el Aguán, encuentra los recursos y la voluntad política para escoltar al antiguo jefe de Estado.
El panorama descrito es el de un país que se percibe como surrealista, donde la justicia parece operar de manera selectiva. Mientras el ciudadano común enfrenta el rigor de la ley por delitos menores, las élites políticas cuentan con mecanismos de protección. En este contexto, la Corte ha suspendido la orden de captura contra Hernández, permitiéndole retornar sin enfrentar un arresto inmediato, lo que para diversos sectores confirma la fragilidad del Estado de Derecho en Honduras.
El historial de la gestión de Juan Orlando Hernández es objeto de severo cuestionamiento. Entre las acciones documentadas se encuentran la condena en Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína y armas a cambio de protección a capos, así como el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un escándalo que resultó en muertes y desabastecimiento de medicinas mientras se firmaban contratos con empresas fantasma. Asimismo, se menciona la compra de hospitales móviles inservibles durante la pandemia, pagados por adelantado, y la desviación de fondos públicos hacia campañas políticas, caso ampliamente documentado en los denominados "Pandora Papers".
Otras irregularidades señaladas incluyen el uso anormal de recursos estatales a través de la denominada "Caja Chica de la Dama" y la existencia de una red de diputados financiados para aprobar leyes que beneficiaran los intereses del poder empresarial y político. A esto se suma la controversia sobre la reelección presidencial, acción considerada por sectores críticos como un delito constitucional y una traición a la Patria según la Carta Magna.
La cobertura mediática del regreso también ha sido cuestionada. Se observa una tendencia en medios tradicionales a narrar el arribo en términos de "reconciliación nacional", omitiendo la necesidad de memoria y justicia. Este clima es descrito como un síntoma de mediocridad donde los ideales son reemplazados por la vulgaridad y la corrupción, permitiendo que figuras condenadas regresen con honores mientras la población general permanece en un estado de calamidad económica y social.
En conclusión, el retorno de Juan Orlando Hernández no es visto por sus críticos como el regreso de un líder, sino como el reflejo de una crisis institucional. La situación pone de manifiesto que, para la élite política y los indultados con respaldo transnacional, la ley funciona principalmente como un elemento decorativo en los discursos de bienvenida, dejando al pueblo hondureño cargando con las consecuencias financieras y sociales de las gestiones pasadas.
