El partido Juntos por el Perú (JP), cuyo candidato Roberto Sánchez se encuentra disputando el segundo lugar en las elecciones generales con un 12% de votos escrutados al 93.474% de actas contabilizadas, ha revelado un plan de gobierno que incluye propuestas que generan controversia y preocupación en diversos sectores. La incorporación del exconvicto Antauro Humala, conocido por su participación en el “Andahuaylazo”, a la organización política, ha sumado aún más atención a las propuestas de JP.
El núcleo del plan de gobierno de JP se centra en una profunda revisión de la Constitución y una significativa expansión del rol del Estado en la economía y la sociedad peruana. Varias iniciativas planteadas por el partido son percibidas como un retroceso en las políticas económicas implementadas en las últimas décadas.
Uno de los puntos centrales del plan de JP es la propuesta de modificar hasta cinco artículos constitucionales relacionados con el ámbito económico. Entre ellos, destaca la intención de eliminar la limitación que actualmente impide al Estado incursionar directamente en la actividad empresarial. Esta medida, según los críticos, podría abrir la puerta a una excesiva intervención estatal en la economía, distorsionando el mercado y generando ineficiencias.
El plan de gobierno también contempla la eliminación del aval constitucional a los contratos Ley y a los regímenes tributarios y laborales especiales. Además, se propone la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) existentes y de los contratos relacionados con la explotación de recursos naturales estratégicos, como el gas, la minería y los hidrocarburos. Estas medidas podrían generar incertidumbre jurídica y afectar la inversión extranjera en el país.
En materia tributaria, JP plantea la implementación de un sistema tributario progresivo que elimine privilegios y reduzca la evasión de impuestos, así como la aplicación del pago de impuestos a las sobreganancias. Si bien estas medidas podrían aumentar la recaudación fiscal, también podrían afectar la competitividad de las empresas y desincentivar la inversión.
Adicionalmente, el plan de gobierno de JP incluye propuestas como el control de precios y la prohibición gradual de la exportación de minerales sin procesamiento, con el objetivo de fomentar el desarrollo de cadenas de valor nacionales. También se sugiere que el 100% de las concesiones mineras extinguidas pasen al control del Estado y que el plazo de las concesiones mineras se reduzca de 30 a 5 años. Estas medidas podrían afectar la inversión en el sector minero y la producción de minerales.
Sin embargo, una de las propuestas más polémicas del plan de gobierno de JP es la creación del “Poder Popular” como un nuevo poder del Estado, organizado desde formas básicas de participación ciudadana para la toma de decisiones. Esta propuesta ha sido criticada por algunos analistas, quienes la consideran un calco de modelos autoritarios como el de Venezuela, donde el “poder popular” ha sido utilizado para justificar decisiones inconstitucionales.
La postura de JP sobre el Banco Central de la Reserva (BCR) y su actual titular, Julio Velarde, también ha generado controversia. El candidato Roberto Sánchez había expresado previamente su intención de destituir a Velarde en caso de llegar al gobierno, argumentando que no representaba los intereses del país. Sin embargo, en un intento por moderar su discurso de cara a una posible segunda vuelta, Sánchez ha manifestado su disposición a dialogar con Velarde y a buscar puntos de acuerdo.
“Hemos oído que está dispuesto a la conversación. Nosotros estamos en la capacidad también de visitarlo y conversar con él, tomar un buen café y dialogar nuestros puntos de desencuentro”, declaró Sánchez en una reciente conferencia de prensa.
La propuesta de JP de ampliar el rol del Estado y de modificar la Constitución ha generado un intenso debate en el país. Sus detractores argumentan que estas medidas podrían afectar la estabilidad económica, la inversión extranjera y las libertades individuales. Por otro lado, sus defensores sostienen que son necesarias para reducir la desigualdad social y promover un desarrollo más inclusivo.
El futuro de estas propuestas dependerá del resultado de las elecciones generales y de la capacidad de JP para construir consensos con otros actores políticos y sociales. La discusión sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad peruana, sin duda, seguirá siendo un tema central en el debate público en los próximos meses. La posibilidad de una nueva Constitución y la redefinición de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil son desafíos importantes que el Perú deberá enfrentar en el futuro cercano. La controversia generada por las propuestas de JP pone de manifiesto la necesidad de un debate profundo y transparente sobre el modelo de país que se quiere construir.
