El Ayuntamiento de Móstoles ha rechazado categóricamente las acusaciones de acoso sexual y laboral formuladas por una exconcejala del PP contra el alcalde, Manuel Bautista, calificándolas de "absolutamente falsas", "sin credibilidad" y "carentes de respaldo probatorio". La respuesta municipal se produce tras la publicación de un extracto de la querella en el diario 'El País', documento que detalla las presuntas experiencias de la exedil desde su colaboración inicial en la campaña electoral de Bautista en otoño de 2022.
La querella, firmada por el abogado Antonio Suárez-Valdés, relata una "situación prolongada en el tiempo" que, según la exconcejala, comenzó con "proposiciones" realizadas por el entonces candidato en un vehículo. Tras la elección de Bautista como alcalde y su nombramiento como concejala de Digitalización y Nuevas Tecnologías, la situación habría evolucionado hacia un presunto acoso laboral.
"A partir de mi rotunda negativa a mantener una relación de tipo sexual con Manuel (...) este pasa a la persecución, discriminación e invisibilización profesional y comienza a aislarme", afirma la exconcejala en la querella, según lo publicado por 'El País'. La exedil abandonó el Ayuntamiento y el Partido Popular en octubre de 2024.
Ante estas acusaciones, fuentes municipales han defendido la gestión del alcalde y han cuestionado la veracidad de las afirmaciones de la exconcejala. En relación con el presunto acoso laboral, argumentan que este se produjo en un contexto en el que la concejala buscaba compatibilizar varios cargos para obtener ingresos anuales cercanos a los 90.000 euros, una opción que, según las mismas fuentes, era criticada incluso por la oposición. "Presentar esto como acoso desvirtúa el concepto", señalan.
Además, el Ayuntamiento insiste en la falta de pruebas que respalden la acusación de acoso sexual. "La acusación de acoso sexual es absolutamente falsa y no existe ni una sola prueba que la respalde", enfatizan las fuentes municipales.
La exconcejala identifica a David Zamorano, exjefe de comunicación de la candidatura de Bautista y posteriormente jefe de Comunicación del Ayuntamiento, como uno de los testigos que podrían corroborar su relato. Sin embargo, el Ayuntamiento ha desacreditado a Zamorano, argumentando que fue cesado de su cargo debido a una investigación de la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) por presuntamente recibir 49 contratos fraccionados otorgados por el anterior gobierno del PSOE en Móstoles a su medio de comunicación.
"De hecho, el propio alcalde lo obligó a dimitir apenas dos meses después de nombrarle al conocerse esta situación. Su credibilidad es nula", afirman las fuentes municipales, añadiendo que el perfil de Zamorano "evidencia un claro sesgo político y falta de fiabilidad".
La publicación de la querella coincide con la información trascendida el jueves sobre un escrito de la Fiscalía dirigido al juzgado competente, en el que se solicita un "impulso procesal" a la causa y que se inicie el procedimiento de diligencias previas.
En respuesta a este escrito fiscal, el Ayuntamiento de Móstoles ha declarado que "no existe ninguna novedad procesal" y que el alcalde "ni siquiera ha sido notificado ni tiene constancia formal de la supuesta denuncia". Asimismo, cuestionan el planteamiento de la Fiscalía, considerándolo "inusual" y sugiriendo un "traslado interesado a la opinión pública".
El alcalde, Manuel Bautista, ha reiterado su "plena confianza en la justicia" y ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra aquellos que difundan "informaciones falsas o vulneren su derecho al honor". La situación plantea un desafío para el Ayuntamiento de Móstoles y abre un nuevo capítulo en la controversia que rodea a la figura del alcalde. La investigación judicial determinará la veracidad de las acusaciones y las posibles consecuencias legales para las partes involucradas. El caso ha generado un debate público sobre la necesidad de proteger a las mujeres frente al acoso sexual y laboral en el ámbito político y laboral. La transparencia y la rendición de cuentas serán cruciales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
