El presidente Javier Milei tiene sobre su escritorio el decreto que delegará en varias provincias, incluyendo Santa Fe, la gestión de rutas nacionales. La medida, que podría firmarse este miércoles, establece que las provincias podrán conceder la administración y mantenimiento de estas rutas a empresas privadas o entes públicos a través de un sistema de peaje, formalizado mediante convenios específicos. Esta decisión, largamente esperada por el gobierno santafesino, permitirá avanzar con la reparación y mejora de la A012, una arteria vital para la producción y el transporte de granos en la región.
La demora en la firma del decreto retrasa también la firma del convenio posterior entre la Nación y la provincia de Santa Fe, necesario para que el gobernador Maximiliano Pullaro pueda hacerse cargo de la traza nodal del sistema productivo. El Artículo 1 del decreto delega en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios. Estas concesiones podrán ser otorgadas a personas humanas o jurídicas de derecho privado, o a entes públicos provinciales.
El proceso, según el texto del decreto, se desarrollará en varias etapas. Primero, se deberá rubricar un convenio de condiciones, obras y tramos con Vialidad Nacional. Luego, la secretaría de Transporte deberá validar este convenio. Una vez cumplidos estos requisitos, las provincias quedarán facultadas para actuar, comenzando por la reparación a cuenta provincial y, posteriormente, para aprobar la documentación licitatoria, convocar a licitaciones, adjudicar contratos y suscribir los instrumentos contractuales necesarios para la selección del concesionario.
La A012, actualmente en un estado precario con baches y ahuellamientos, es el principal objetivo de esta delegación para el gobierno santafesino. Si bien inicialmente no se contemplaba la implementación de peajes para su mantenimiento, la situación económica y la necesidad de inversiones significativas han llevado a reconsiderar esta opción, la cual se definirá en el convenio con la Nación.
Un párrafo clave del decreto establece que los tramos de rutas nacionales incluidos en los convenios no podrán ser licitados conjuntamente con otras rutas o tramos pertenecientes a otras jurisdicciones. Esta restricción podría afectar los planes del gobierno provincial de crear un sistema único de accesos y conexiones viales a los puertos, que involucra la unificación del cobro de la tasa de ingreso a los puertos a través de un fideicomiso o una concesión a privados.
El gobierno provincial busca mejorar la logística de acceso a los puertos mediante un circuito de rutas que permita unificar el cobro de la tasa de ingreso a los puertos para los camiones, financiando así el mantenimiento y las obras de infraestructura necesarias. La delegación de la A012 es vista como la llave para avanzar con este esquema de rutas, aunque su compatibilidad con las restricciones del decreto deberá ser analizada cuidadosamente.
Más allá de la futura explotación de la ruta, el plan inmediato contempla un programa de reparación que incluye bacheo, eliminación de ahuellamientos, tapado de pozos y mejoras en la transitabilidad. Posteriormente, se prevén obras más ambiciosas, como la construcción de puentes, rotondas y la ampliación a doble carril.
El objetivo principal del gobierno nacional es descentralizar la gestión del mantenimiento, reparación y ampliación de la red vial, permitiendo que las jurisdicciones locales seleccionen entidades privadas o públicas para llevar a cabo estas tareas. El gobernador Pullaro ha expresado su satisfacción con esta medida, destacando que es un reclamo que se ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, especialmente en lo que respecta a la A012.
El decreto también establece que las jurisdicciones delegadas deberán respetar principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero. Además, la delegación no podrá exceder de treinta años contados desde la aprobación del convenio. Si bien la provincia de Santa Fe prefería una delegación a perpetuidad, el plazo de 30 años se considera aceptable.
Es importante destacar que la delegación no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los cuales permanecerán bajo la titularidad exclusiva del Estado nacional. En caso de que el contrato de concesión se extinga por cualquier causa, la delegación cesará y el Estado nacional retomará la gestión y el mantenimiento de la ruta.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció el 1 de abril que se estaban dando a las provincias rutas para que, con sus propios presupuestos, pudieran ponerlas en funcionamiento. En particular, mencionó la A012 como una de las rutas que se cederían a la provincia de Santa Fe. Esta decisión pone fin a 22 meses de gestiones por parte del gobierno santafesino, que ha buscado una respuesta al pedido de cesión de este anillo vial que conecta la ruta nacional 9 en Pueblo Esther con San Lorenzo, recorriendo casi 70 kilómetros y siendo un corredor clave para el transporte de la cosecha hacia los puertos cerealeros de la región.
