Cochabamba, 16 de abril de 2026 La designación de Nelson Cox como asesor clave del gobernador electo, Leonardo Loza, ha generado una fuerte reacción en la sociedad civil cochabambina, con sectores sociales y cívicos expresando su preocupación por lo que consideran una amenaza a la paz social y al desarrollo del departamento. La trayectoria de Cox en la función pública está marcada por incidentes polémicos y acusaciones de confrontación política, lo que ha encendido las alarmas sobre su influencia en la futura gestión gubernamental.
El historial de Nelson Cox no es desconocido para la justicia ni para la opinión pública. Su paso por el Viceministerio de Justicia en 2012 quedó empañado por un grave accidente de tránsito, ocurrido bajo los efectos del alcohol, que dejó a cinco personas heridas. A pesar de este incidente, su lealtad al expresidente Evo Morales le permitió continuar en cargos de poder, desde donde ha sido señalado por utilizar las instituciones con fines de persecución política.
Para muchos cochabambinos, Cox es sinónimo de provocación y división. Durante su gestión en la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Régimen Interior, se le acusó de fomentar la polarización entre bolivianos y de anteponer los intereses partidarios a los derechos humanos. Su presencia en Cochabamba ha estado históricamente vinculada a episodios de violencia y enfrentamientos, lo que le ha valido el rechazo de diversos colectivos ciudadanos, quienes lo consideran un enemigo de la democracia .
Las preocupaciones no se limitan a su actitud confrontacional. Investigaciones recientes han puesto en tela de juicio su patrimonio, con acusaciones de presunta legitimación de ganancias ilícitas. La inquietud radica en que un personaje con tales antecedentes administrativos y judiciales sea quien tome las riendas estratégicas de la Gobernación, priorizando la agenda política del evismo por encima de las necesidades urgentes de Cochabamba en materia de infraestructura, salud y reactivación económica.
Organizaciones civiles han anunciado que se mantendrán en estado de alerta ante lo que consideran una provocación abierta al pueblo cochabambino. El retorno de Cox no es visto como una designación técnica, sino como la imposición de una figura autoritaria que busca convertir a la Gobernación en un centro de confrontación nacional. Cochabamba no necesita asesores que vengan a dividir; necesita gestores que trabajen por la unidad y el progreso. El historial de Nelson Cox habla por sí solo y su presencia es un retroceso para la institucionalidad del departamento , señala un comunicado emitido por sectores críticos.
La trayectoria de Cox en la función pública está plagada de controversias. Ocupó el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales en dos periodos durante el gobierno de Evo Morales. Su primera salida en 2012 se produjo tras el accidente de tránsito en La Paz, donde conducía con 1,4 grados de alcohol en sangre, el doble del límite permitido, impactando contra un vehículo familiar y dejando cinco personas heridas. Sorprendentemente, regresó al mismo cargo en 2018.
Su paso por la Defensoría del Pueblo, como delegado en Cochabamba, también estuvo marcado por la polémica. Fue acusado de parcialidad política y de obstruir investigaciones sensibles, como el caso de presunto estupro y trata contra Evo Morales en 2020. Además, fue candidato del MAS a la alcaldía de Cochabamba en elecciones pasadas, y se desempeñó como Viceministro de Régimen Interior y Policía entre 2021 y 2022, durante la presidencia de Luis Arce.
Actualmente, Nelson Cox ha sido identificado como parte fundamental del equipo jurídico y de apoyo de Leonardo Loza en el proceso de transición de la Gobernación de Cochabamba. Su presencia ha generado una fuerte conflictividad social, con denuncias de discursos de confrontación. En octubre de 2024, Cox denunció haber sido agredido en Cochabamba, mientras que sus detractores lo acusaron de acudir a puntos de movilización con la intención de provocar enfrentamientos.
La Fiscalía de Cochabamba inició una investigación en su contra a mediados de 2025 por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, basada en denuncias sobre supuestos cobros irregulares durante su tiempo como defensor del pueblo. Esta investigación añade más incertidumbre a su futuro y alimenta las preocupaciones sobre su capacidad para ejercer un cargo de responsabilidad con transparencia y ética.
La lealtad política de Cox al expresidente Evo Morales es un factor clave en su trayectoria. Su capacidad para mantenerse en el poder a pesar de sus controversias se atribuye a su estrecha relación con Morales. Sin embargo, esta lealtad también ha sido objeto de críticas, ya que se le acusa de anteponer los intereses de su mentor a los del pueblo cochabambino. El incidente del accidente de tránsito en 2012, con 1,4 grados de alcohol en sangre, sigue siendo un recordatorio de su pasado y un punto de controversia en su presente.
La percepción regional de Nelson Cox es predominantemente negativa. Sectores de Cochabamba lo consideran una figura que fomenta la división y la inestabilidad política, y temen que su influencia en la Gobernación pueda obstaculizar el desarrollo del departamento. La designación de Cox como asesor de Leonardo Loza ha generado un clima de tensión y desconfianza, y ha puesto en evidencia las divisiones políticas que persisten en Cochabamba. La ciudadanía espera que la nueva gestión gubernamental priorice el diálogo, la unidad y el progreso, y que se eviten las confrontaciones y los retrocesos en materia de institucionalidad.
