El gobierno del presidente José Antonio Kast anunció el jueves restricciones al acceso a la gratuidad universitaria, medida enmarcada en un amplio proyecto legislativo destinado a impulsar la economía del país. La modificación, de ser aprobada por el Congreso, limitará el beneficio a quienes ingresen a la educación superior dentro de los 12 años posteriores a su egreso de la enseñanza secundaria.
Esta decisión revierte un avance significativo logrado tras 35 años de movilizaciones sociales. En 2016, los estudiantes chilenos recuperaron el derecho a estudiar gratuitamente, una política que había sido desmantelada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Actualmente, la gratuidad beneficia a aproximadamente 615.000 estudiantes, lo que representa casi la mitad de la matrícula total de la educación superior en Chile, según datos del Ministerio de Educación.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló la restricción en una conferencia de prensa, especificando que el límite se aplicará 12 años después de egresado de la educación secundaria . Es importante destacar que el presidente Kast no mencionó esta limitación específica en su discurso del día anterior al anunciar la megareforma legislativa.
La implementación de este cambio dejará fuera del alcance de la gratuidad a la mayoría de los estudiantes que superen los 30 años, considerando que la finalización de la educación secundaria suele ocurrir alrededor de los 18 años. Según el ministro Quiroz, la justificación principal para establecer este límite etario es la necesidad de reducir el gasto fiscal.
El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente , argumentó Quiroz, señalando la presión que esta política ha ejercido sobre las finanzas públicas.
La asunción de José Antonio Kast a la presidencia el 11 de marzo estuvo marcada por la promesa de una fuerte reducción del gasto público, con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década y, a su vez, reactivar una economía que, según su diagnóstico, se encuentra estancada .
La reforma legislativa anunciada por Kast la noche del miércoles comprende más de 40 medidas, entre las que destaca una significativa rebaja del impuesto a las empresas, una propuesta que ha generado rechazo por parte de la oposición de izquierda. Además, el plan incluye otros beneficios tributarios, como una reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la venta de viviendas nuevas y la implementación de incentivos para la repatriación de capitales.
Junto con la limitación a la gratuidad, la propuesta legislativa contempla otras medidas de contención del gasto, como el aumento de incentivos para promover el retiro de empleados públicos.
El gobierno de Kast ha establecido como meta que, al término de su mandato en 2030, la tasa de desempleo disminuya hasta alcanzar el 6,5% y que la economía experimente un crecimiento anual de alrededor del 4%, en comparación con el 2,5% registrado en 2023.
La decisión de restringir la gratuidad universitaria ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, especialmente entre aquellos que ven en esta política una herramienta fundamental para democratizar el acceso a la educación superior y reducir las desigualdades sociales. La oposición ha criticado la medida, argumentando que afectará a quienes buscan mejorar sus oportunidades a través de la educación en etapas más tardías de sus vidas.
El debate sobre el futuro de la gratuidad universitaria se espera que sea intenso en el Congreso, donde la oposición buscará defender el acceso universal a la educación superior y cuestionará las medidas de austeridad propuestas por el gobierno de Kast. La aprobación de la reforma legislativa dependerá de la capacidad del gobierno para negociar con los partidos de oposición y lograr un consenso que permita avanzar en sus objetivos económicos sin comprometer los derechos sociales de la población.
La implementación de esta restricción podría tener un impacto significativo en la matrícula de las universidades, especialmente en aquellas que ofrecen programas para estudiantes adultos. También podría generar un aumento en la demanda de alternativas de financiamiento para la educación superior, como créditos bancarios y becas privadas.
El gobierno de Kast argumenta que la sostenibilidad de la gratuidad a largo plazo requiere de ajustes y medidas de contención del gasto. Sin embargo, la oposición y los defensores de la gratuidad advierten que limitar el acceso a la educación superior podría tener consecuencias negativas para el desarrollo social y económico del país.
El futuro de la gratuidad universitaria en Chile se encuentra ahora en manos del Congreso, donde se espera un debate apasionado y una votación crucial que determinará el acceso a la educación superior para miles de estudiantes en los próximos años. La decisión que se tome tendrá implicaciones profundas para el futuro de la educación en Chile y para las oportunidades de desarrollo de sus ciudadanos.
