El primer operativo de expulsiones bajo el gobierno de José Antonio Kast tuvo una gestación previa, iniciada durante la administración de Gabriel Boric. Así lo reveló el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, en declaraciones a Cooperativa, desmintiendo implícitamente la idea de un cambio radical en la política migratoria.
Thayer detalló que la logística del vuelo que trasladó a 40 ciudadanos extranjeros a Bolivia, Colombia y Ecuador, utilizando un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), es una continuidad de los procedimientos habituales y de la política implementada durante su gestión. Este vuelo es parte de la continuidad de lo que se venía haciendo tanto con la Fuerza Aérea como con las líneas comerciales , afirmó.
El sociólogo explicó que los primeros contactos con la FACh y la Policía para definir el itinerario, considerando las nacionalidades de los expulsados, se realizaron entre febrero y marzo de este año, es decir, antes del cambio de mando presidencial. La actual administración, según Thayer, se limitó a definir la fecha del vuelo y contactar a los consulados correspondientes.
Pero la conexión entre ambas administraciones va más allá de la planificación del vuelo. Thayer reveló que el gobierno de Kast dispone de contratos por más de 1.300 millones de pesos, ya comprometidos por la gestión anterior, destinados a materializar las deportaciones. Específicamente, se trata de un contrato por 650 millones de pesos con una compañía aérea para realizar cuatro vuelos chárter, con un costo aproximado de 150 a 160 millones de pesos por vuelo. Además, existe otro contrato con una agencia de viajes por un monto similar, 670 millones de pesos, para facilitar la compra de pasajes en vuelos comerciales para las expulsiones individuales.
Dejamos firmado este contrato y está en nuestro informe de gestión que entregamos a las nuevas autoridades, para hacer expedita la compra de pasajes en vuelos comerciales cuando se realizan las expulsiones de manera individual , precisó Thayer.
En relación con las ambiciosas promesas de campaña de Kast de aumentar drásticamente las deportaciones, el exdirector de Migraciones advirtió sobre una discrepancia entre el discurso político y la realidad operativa. Thayer estimó que, incluso con tres vuelos mensuales a capacidad máxima, el número anual de expulsados apenas alcanzaría las 2.400 personas.
Hay una expectativa muy alta, puesta en el marco de la campaña y que todavía está de alguna manera alimentada por las autoridades, en términos de incrementar significativamente el volumen de expulsiones , alertó Thayer. Y eso no es concordante con las capacidades y el presupuesto ni tampoco con el estado de las relaciones consulares que existen, por ejemplo, con Venezuela .
Thayer enfatizó que la capacidad operativa para llevar a cabo deportaciones masivas es limitada y que las relaciones diplomáticas con algunos países, como Venezuela, representan un obstáculo significativo.
El exdirector de Migraciones también criticó la pelea chica por las cifras y abogó por una visión de largo plazo en el abordaje del fenómeno migratorio. Reconoció que la construcción de una zanja en el límite norte es una señal importante que podría contribuir al control fronterizo, pero insistió en que se requiere una política integral que incluya tecnología, inversión y coordinación con otros países.
El desafío para el actual Gobierno es mantener o aumentar la tendencia a la baja en los ingresos irregulares en los próximos meses y seguir aumentando las capacidades y las posibilidades de expulsar a personas que efectivamente han cometido delitos o tienen infracciones migratorias graves , concluyó Thayer.
En resumen, las declaraciones de Luis Eduardo Thayer revelan que el gobierno de José Antonio Kast está continuando con una política migratoria que fue iniciada durante la administración de Gabriel Boric, utilizando recursos y contratos previamente comprometidos. Además, advierte sobre las limitaciones operativas para cumplir con las promesas de campaña de aumentar significativamente las deportaciones, instando a una visión más realista y a largo plazo en el abordaje del fenómeno migratorio. La continuidad de la logística y los contratos preexistentes sugieren que el cambio de gobierno no ha implicado una ruptura total en la gestión de la migración, sino más bien una adaptación y continuación de las políticas existentes.
