Renovación Popular insiste en denuncias de fraude electoral y ha presentado más de 100 pedidos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitando la anulación de mesas de sufragio en el departamento de Cajamarca. La estrategia del partido, liderado por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, busca invalidar los resultados en ciudades como Chota, Cochabamba, San Juan, Magdalena, Huambos, Pedro Gálvez, Baños del Inca y Chetilla, sumando un total de 22.631 votos en riesgo de ser anulados.
La revisión exhaustiva de los actas de sufragio que Renovación Popular busca anular revela un patrón: en la mayoría de estas mesas, López Aliaga obtuvo una votación significativamente baja, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, recibió un mayor respaldo. En algunos casos, la diferencia es abismal, como en una mesa donde Sánchez obtuvo 100 votos frente a los menos de 10 votos de López Aliaga.
Aunque en algunas mesas impugnadas ganó Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y en otras Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, la principal motivación detrás de las impugnaciones parece ser la búsqueda de anular votos que no favorecieron a López Aliaga.
Los argumentos presentados por los personeros de Renovación Popular para justificar la anulación de las mesas han sido calificados como cuestionables. En algunas instancias, solicitan la nulidad por la ausencia del número 0 en los recuadros de los partidos que no obtuvieron votos, mientras que en otras impugnan mesas precisamente por haber incluido dicho número.
Otro argumento recurrente es la supuesta irregularidad en la firma de los miembros de mesa, alegando que estas se salían del recuadro designado, que la mesa se instaló minutos antes de las 7:00 de la mañana, o que no se especificó si la hora correspondía a a.m. o p.m. Estas objeciones, consideradas menores, son utilizadas para justificar la anulación masiva de votos.
De manera sorprendente, Renovación Popular invoca el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, que faculta a los Jurados Electorales Especiales a declarar la nulidad de una mesa de sufragio cuando haya mediado fraude . En sus requerimientos, el partido celeste solicita explícitamente que se declare nula cada acta impugnada, impidiendo que los votos contenidos en ellas sean contabilizados a favor de ningún partido político.
La contienda por el segundo lugar en la elección presidencial peruana se mantiene extremadamente reñida. Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez se encuentran separados por apenas 9.365 votos, con más de cinco mil actas aún observadas y en proceso de deliberación por parte de los Jurados Electorales Especiales. Esta mínima diferencia mantiene en suspenso la identidad del candidato que enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. La situación podría resolverse una vez que se integren las actas provenientes del extranjero, donde López Aliaga ha obtenido un mayor respaldo que Sánchez.
El conteo provisional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 92,961% de actas contabilizadas, revela que López Aliaga ha acumulado 1.869.844 votos, representando el 11,919% del total, mientras que Sánchez ha obtenido 1.879.201 votos, equivalente al 11,978%. Fujimori lidera la elección con 2.677.211 votos, que representan el 17,065% de los sufragios válidos, asegurando su participación en la segunda vuelta.
La definición final entre López Aliaga y Sánchez dependerá del resultado de la revisión de las 1.512 actas restantes, que representan el 1,630% del total, y de las 5.020 actas observadas, que suman el 5,411% del total y cuya validez está siendo analizada por los Jurados Electorales Especiales. El desenlace de este proceso no solo determinará el rival de Fujimori en la segunda vuelta, sino que también podría tener un impacto significativo en el equilibrio de poder en el Congreso y en el panorama político peruano en general.
La insistencia de Renovación Popular en las denuncias de fraude, a pesar de la falta de evidencia sólida, ha generado preocupación sobre la legitimidad del proceso electoral y la posibilidad de que se prolongue la incertidumbre política en el país. La decisión final del JNE sobre las impugnaciones presentadas será crucial para garantizar la transparencia y la validez de los resultados electorales. La comunidad internacional y los observadores electorales nacionales e internacionales siguen de cerca el desarrollo de esta situación, esperando que se resuelva de manera justa y equitativa, respetando la voluntad popular expresada en las urnas. La demora en la resolución de las actas observadas y las impugnaciones presentadas por Renovación Popular mantienen en vilo al país, en espera de conocer el nombre del candidato que acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta y que definirá el futuro político del Perú.
