El Gobierno nacional enfrenta un ultimátum judicial para acatar el fallo que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, con fecha límite mañana a las 9:30 horas. Desde la Casa Rosada anticipan un escenario adverso, previendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no les otorgará un efecto suspensivo, lo que implicaría el desembolso inmediato de 2,5 billones de pesos ($2.500.000 millones).
Fuentes gubernamentales de alto rango admiten la imposibilidad de cubrir este monto en el corto plazo. Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, jefe de Gabinete] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos , declaró una fuente inobjetable a Infobae.
La legislación, sancionada el año pasado, había sido previamente vetada por el Presidente, pero el Congreso logró revertir el veto con el apoyo de bloques opositores y dialoguistas. Tras la judicialización de la medida, esta fue confirmada en primera y segunda instancia, lo que llevó al Gobierno a apelar ante la Corte Suprema.
A pesar de la apelación, las expectativas de obtener un resultado favorable son bajas. La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan , advirtió una fuente de la Casa Rosada. El oficialismo había logrado rechazar una iniciativa similar en 2024, pero no pudo repetir el éxito al año siguiente.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aguarda la resolución judicial. Si no se concede el efecto suspensivo, el Ejecutivo deberá comenzar a realizar los pagos. Sin embargo, existe debate entre las universidades sobre el momento exacto en que debe iniciarse la transferencia de fondos. Algunos asesores legales consideran que el pago debe ser inmediato, mientras que otros sostienen lo contrario.
Un vocero del CIN propuso la apertura de paritarias para ajustar los salarios docentes y no docentes a la inflación, y anticipó que el Gobierno podría priorizar el incremento de las becas universitarias.
Desde el Poder Ejecutivo se evalúan alternativas para realizar el pago de manera escalonada. La apelación ante la Corte Suprema, aunque se espera que no tenga efectos suspensivos, podría incluir una solicitud en este sentido, basándose en antecedentes judiciales. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el esquema definitivo podría implicar que, ante el rechazo del recurso extraordinario, el Gobierno deba recurrir a una queja y solicitar la suspensión de los efectos de la ley.
La medida cautelar exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios del personal universitario entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El financiamiento de la educación universitaria es competencia exclusiva de la Nación, tras la transferencia de competencias educativas a las provincias. En el contexto de la política de recorte del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei, los rectores de las universidades nacionales, las asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han reclamado mayores partidas presupuestarias desde principios de 2024.
Según datos del CIN, las transferencias a las universidades nacionales han experimentado una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. La mayor parte del presupuesto destinado a las universidades se destina al pago de salarios.
Los salarios universitarios han aumentado un 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esto representa una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%, equivalente a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales, tomando como referencia el salario de noviembre de 2023.
A pesar de la sanción y ratificación judicial de la ley, el Gobierno no ha aplicado los fondos presupuestarios correspondientes. Esta demora ha motivado a diversas instituciones universitarias a planificar una movilización nacional para exigir la activación de los fondos. El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, es el responsable gubernamental en esta materia, y algunos funcionarios han considerado su rol insuficiente para confrontar con las agrupaciones universitarias.
La situación se agrava ante la falta de perspectivas de un fallo favorable por parte de la Corte Suprema, lo que obliga al Gobierno a prepararse para afrontar el pago de los montos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de las dificultades financieras que atraviesa el país. El cumplimiento de la medida cautelar implica una transferencia inmediata de fondos, lo que podría generar un impacto significativo en las finanzas públicas.
