El conteo oficial al 100% de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 podría extenderse hasta por dos semanas, debido a la considerable cantidad de actas electorales observadas o impugnadas. Un total de 5,343 actas de la elección presidencial han sido señaladas por errores materiales y remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión y eventual incorporación al cómputo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La demora en el escrutinio final se centra en la resolución de estas actas, las cuales podrían contener un volumen significativo de votos que, según expertos, podrían alterar el resultado de la contienda electoral, especialmente en la definición de quién acompañará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en una eventual segunda vuelta.
Las regiones con mayor número de actas observadas son Piura, con más de 400; La Libertad, con 380; Loreto, con 330; y Áncash y Cajamarca, ambas superando las 230 actas. La magnitud de estas cifras ha generado preocupación y expectación en los diferentes partidos políticos, que observan de cerca el proceso de revisión.
El experto en temas electorales, Enzo Elguera, explicó que la cantidad de votos en disputa es considerable. Se habla de más de medio millón de votos, pero lo cierto es que es una cantidad tan significativa que podría hacer la diferencia sin importar qué candidato quede en el orden de segundo y tercer lugar , señaló. Esta declaración subraya la importancia crucial de cada acta observada o impugnada en la determinación del resultado final.
Es fundamental comprender la diferencia entre un acta observada y un acta impugnada. Un acta se considera observada cuando se detecta un error o inconsistencia en el documento, impidiendo su contabilización inmediata. Estas inconsistencias pueden incluir la falta de firmas de los miembros de mesa, números o letras ilegibles, información incompleta o errores en la suma de los votos. En estos casos, el acta es enviada a los JEE para su revisión y corrección.
Por otro lado, un acta impugnada es aquella cuya nulidad ha sido solicitada formalmente por un personero de un partido político ante un Jurado Electoral Especial, generalmente debido a presuntas irregularidades ocurridas en la mesa de sufragio. A diferencia de las actas observadas, la impugnación requiere el pago de una tasa electoral. El reglamento establece que si el personero del partido no realiza el pago correspondiente, el trámite de impugnación no prosigue, y el error en el pago no es subsanable en esta etapa del proceso.
El proceso de resolución de las actas observadas e impugnadas adquiere una relevancia especial en el contexto actual, donde la diferencia entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, es estrecha. La definición de quién ocupará el segundo lugar, y por ende, quién se enfrentará a Keiko Fujimori en una segunda vuelta, dependerá en gran medida de la validación o invalidación de estas actas.
Los Jurados Electorales Especiales tienen la tarea de analizar minuciosamente cada acta observada e impugnada, verificando la autenticidad de las alegaciones y determinando si los errores o irregularidades son lo suficientemente graves como para invalidar los votos contenidos en el documento. Este proceso requiere un análisis detallado y riguroso, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La ONPE, por su parte, continuará con el cómputo de las actas que no hayan sido observadas ni impugnadas, mientras espera la resolución de los JEE para incorporar los resultados finales de las actas en disputa. La institución electoral ha reiterado su compromiso de garantizar un proceso electoral transparente y confiable, y ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para resolver las controversias en el menor tiempo posible.
La demora en el conteo final ha generado críticas y llamados a la celeridad por parte de algunos partidos políticos, que exigen una pronta resolución de las actas observadas e impugnadas. Sin embargo, los expertos en temas electorales advierten que es fundamental garantizar un proceso riguroso y transparente, incluso si esto implica una demora en la publicación de los resultados finales.
La resolución de las actas observadas e impugnadas es un proceso complejo y delicado, que requiere la participación activa de los Jurados Electorales Especiales, la ONPE y los partidos políticos. La transparencia, la imparcialidad y el respeto a la ley son elementos esenciales para garantizar la legitimidad del proceso electoral y la confianza de los ciudadanos en los resultados finales. El país espera con atención la resolución de este proceso, que definirá el rumbo político de los próximos años.
