La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este jueves el proyecto de ley "Escuelas Protegidas", una iniciativa clave del gobierno para abordar la violencia en los establecimientos educativos, en medio de una tensa sesión marcada por fuertes cruces entre parlamentarios oficialistas y de la oposición. La aprobación se logró con la mayoría de votos del oficialismo, que rechazó gran parte de las indicaciones presentadas por los partidos de oposición y, en cambio, optó por endurecer las sanciones para quienes cometan delitos en contextos escolares, extendiendo la pérdida de la gratuidad universal tanto a estudiantes de enseñanza básica como de educación superior.
Uno de los puntos más controvertidos fue la propuesta de la derecha para retirar beneficios adicionales, como la beca Junaeb y el pase escolar, a los estudiantes sancionados por delitos. Esta indicación fue rechazada por un estrecho margen de un solo voto, evidenciando la polarización en torno a la iniciativa. El diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la comisión, defendió la medida argumentando que los violentistas sancionados con sentencia ejecutoriada no tendrían derecho a ningún beneficio con recursos fiscales .
En contraposición, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) criticó el enfoque punitivo del proyecto, señalando que tiene más sentido que nunca que el Estado intervenga cuando un joven comete un error, una falta grave; ofrecerle oportunidades, ofrecerle acompañamiento, sacarlo de esa situación y advirtiendo que marginarlo del sistema educativo es condenarlo a una vida de delincuencia .
La revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes también generó un intenso debate, con la oposición acusando una posible vulneración de los derechos estudiantiles debido a procesos de revisión que podrían ser considerados intrusivos. El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, intentó aclarar que la realización de estas revisiones dependerá de si la función está contemplada en el contrato de trabajo del funcionario a cargo, advirtiendo que de lo contrario, éste podría negarse a llevarla a cabo. Por su parte, el diputado Ricardo Neumann (UDI) rechazó la obligatoriedad de capacitaciones para el personal, argumentando que las comunidades educativas deben tener la autonomía para determinar quiénes son los funcionarios más capacitados para realizar estas revisiones. La comisión rechazó una indicación que proponía la capacitación obligatoria del personal, pero aprobó una propuesta del diputado Luis Pardo (RN) que permite a las comunidades escolares definir cómo se capacitará al personal.
La sesión se caracterizó por un clima de alta tensión, con duros cruces entre el diputado Bobadilla y su par opositora Daniela Serrano (Partido Comunista). La diputada Serrano cuestionó al presidente de la comisión sobre la compatibilidad de ciertas indicaciones, señalando inconsistencias en la evaluación de la secretaría de la comisión. Bobadilla se negó a dar explicaciones, desafiando a la oposición a censurarlo si consideraban que estaba actuando fuera del reglamento.
La diputada Valentina Becerra (Partido Republicano) pidió la suspensión de la discusión, argumentando que las instancias para escuchar, para hablar, para conversar, ya se dieron. Hoy no es el día de dialogar .
La ministra de Educación, María Paz Arzola, participó en la sesión, aunque mantuvo un perfil bajo y no intervino significativamente en el debate, dejando la mayor parte de las intervenciones en manos del subsecretario Rodríguez. Tras la aprobación del proyecto en comisión, la ministra Arzola defendió la iniciativa, señalando que este proyecto de ley entrega nuevas facultades para que los establecimientos escolares puedan hacer frente y evitar hechos de violencia y delitos al interior de los recintos y que no se están quitando beneficios porque sí, sino que se busca que antes de cometer un delito, se piense dos veces .
El texto aprobado establece que quienes sean condenados por delitos contra las personas o la propiedad perderán el acceso a la gratuidad universitaria, y que los estudiantes que ya cuenten con este beneficio podrían perderlo si incurren en estos ilícitos.
La comisión también aprobó una medida que prohíbe las revisiones corporales o exigir el desnudo de los estudiantes bajo ninguna circunstancia, tras una intervención de la diputada Serrano, quien enfatizó que se vería muy mal que hoy día ellos no estuvieran del lado de niños y niñas cuando estamos hablando de que queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal de vestimentas que esté usando .
Sin embargo, los parlamentarios rechazaron otras indicaciones, como la prohibición de revisar el contenido de los celulares de los estudiantes, el resguardo de los estudiantes con necesidades educativas especiales durante las revisiones y la obligatoriedad de levantar un acta escrita detallada de cada procedimiento.
El proyecto "Escuelas Protegidas" será sometido a votación en la Sala de la Cámara Baja el próximo lunes. En paralelo, un segundo proyecto que busca aumentar las penas para los delitos cometidos dentro de los establecimientos educacionales continúa su tramitación en la Comisión de Constitución. La aprobación de esta iniciativa representa un paso importante en la estrategia del gobierno para abordar la creciente preocupación por la violencia en las escuelas, aunque su implementación y los efectos a largo plazo aún están por verse. La polarización mostrada durante el debate en la comisión anticipa una discusión igualmente intensa en la Sala de la Cámara, donde se espera que la oposición intente revertir algunos de los puntos más controvertidos del proyecto.
