El Presidente José Antonio Kast presentó su primera cadena nacional con la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social , un paquete de más de 40 medidas que prioriza la reducción de la carga tributaria como motor para la inversión, el empleo y, finalmente, el financiamiento de políticas sociales. La iniciativa, que incluye la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración total del sistema tributario y la invariabilidad por hasta 25 años para grandes inversiones, ha desatado un debate entre economistas y políticos sobre su efectividad real y sus posibles consecuencias.
La arquitectura del plan se centra en la premisa de que el crecimiento económico es la base para financiar lo social. Kast argumenta que la competitividad tributaria, la simplificación de la permisología y la certeza jurídica son elementos clave para atraer inversiones y reactivar una economía que, según su diagnóstico, ha sufrido de bajo crecimiento durante más de una década. El biministro Daniel Mas respaldó la iniciativa, señalando los más de 850 mil desempleados y un crecimiento promedio del 2% en los últimos 12 años como justificación para un giro urgente en la política económica.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia y escepticismo en diversos sectores. Economistas advierten que la evidencia sobre la relación entre menores impuestos y mayor inversión es mixta, y que las medidas podrían beneficiar principalmente a las grandes empresas sin traducirse necesariamente en una expansión productiva significativa. El exministro de Economía Alejandro Ferreiro, aunque valoró el enfoque en empleo y reconstrucción, alertó sobre el riesgo de agudizar el déficit fiscal al concentrar los incentivos en rebajas tributarias sin compensaciones claras. Según Ferreiro, el crecimiento generado por la reducción de impuestos podría no ser suficiente para cubrir la pérdida de ingresos fiscales, recuperándose entre un 40% y 50% de lo que se deja de recaudar a largo plazo. Además, calificó la eliminación de contribuciones como una medida regresiva que beneficiaría más a los sectores de mayores ingresos que a la clase media.
En contraste, el también exministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi defendió la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración como una palanca para reactivar la economía, argumentando que mejorar la rentabilidad de las inversiones incentiva la contratación y el empleo. Reconoció, sin embargo, la incertidumbre sobre si el crecimiento alcanzará para compensar la menor recaudación, señalando que dependerá de cuán atractivo sea Chile para los inversionistas.
Desde el mundo académico, el analista económico Alejandro Urzúa moderó el debate, calificando el plan como un paso en la dirección correcta para destrabar la inversión, pero sin esperar milagros . A su juicio, la iniciativa podría impulsar algunos proyectos nuevos, pero probablemente tendrá un mayor impacto en mejorar los números de inversiones que ya estaban en carpeta. Urzúa también matizó la discusión sobre si el plan beneficia principalmente al 1%, señalando que, en una primera etapa, los beneficios tienden a concentrarse en quienes ya tienen capital, aunque el efecto final dependerá de si efectivamente se genera inversión adicional.
El sector empresarial, representado por la ASIMET, celebró especialmente la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema, anticipando un aumento de la liquidez para invertir en sectores intensivos en capital como la manufactura, facilitando la reinversión de utilidades y la modernización tecnológica. Sin embargo, incluso desde el gremio se reconoce que las rebajas tributarias por sí solas no garantizan un aumento sostenido de la inversión.
En el Congreso, el oficialismo se ha alineado en torno al proyecto, destacándolo como un cambio de rumbo que apunta a reactivar el país y generar nuevas oportunidades. El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, confirmó el respaldo al proyecto, señalando que se ha ido acotando hacia medidas directamente vinculadas al crecimiento y la reconstrucción. La senadora María José Gatica, de RN, criticó la gestión del Frente Amplio y defendió la necesidad de tomar medidas para reactivar la economía, generar empleo y aumentar la inversión.
La oposición, sin embargo, ha manifestado fuertes críticas. La senadora socialista Paulina Vodanovic acusó falta de diálogo con la oposición, sectores del oficialismo e incluso con el Consejo Fiscal Autónomo, y advirtió que el proyecto busca rebajar el impuesto sin compensación, lo que va en sentido contrario a una reforma tributaria tradicional. Vodanovic también cuestionó la falta de recursos para financiar políticas públicas.
El Partido de la Gente (PDG) ha sido aún más crítico, expresando su descontento por la falta de medidas concretas para aliviar el bolsillo de la clase media. El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reprochó que el plan se centre en beneficios a largo plazo para las empresas, en lugar de ofrecer alivios inmediatos para las familias. La diputada Flor Contreras advirtió que el PDG no entregará cheques en blanco sin beneficios tangibles para la clase media regional, mientras que Fabián Ossandón puso el foco en la incertidumbre y la necesidad de conocer la letra chica del proyecto.
En resumen, la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social de José Antonio Kast se presenta como una apuesta arriesgada para impulsar el crecimiento económico a través de la reducción de impuestos, pero enfrenta un escrutinio considerable y la incertidumbre sobre su efectividad real y su impacto en la distribución de la riqueza. El debate en el Congreso promete ser intenso, y el futuro del proyecto dependerá de la capacidad del Gobierno para convencer a la oposición y a los partidos aliados de que su receta es la adecuada para reactivar la economía chilena.
