La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento responsable del salario mínimo, pero sin especificar montos concretos. Esta promesa se produce en un contexto de profunda crisis económica para trabajadores y pensionados, a pesar de una leve recuperación en la producción petrolera y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. La mandataria se comprometió a detallar el ajuste el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, pero la incertidumbre persiste sobre si el aumento se aplicará a la base salarial actual, congelada desde hace cuatro años en alrededor de 130 bolívares (US$ 0,27 según la tasa de cambio oficial), o si tomará la forma de bonos, que han sido la principal herramienta de asistencia económica en los últimos años.
La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores propuso en marzo un ajuste trimestral de US$ 50, complementado con bonos de US$ 100 para vacaciones y aguinaldos, una propuesta que contrasta con la cautela mostrada por el gobierno. El anuncio, según analistas, parece más un intento de mitigar la tensión social ante las movilizaciones convocadas por gremios y estudiantes exigiendo mejoras salariales.
El economista venezolano Andrés Giussepe, director de la consultora Polidata, calificó el anuncio como más de lo mismo , sugiriendo que su propósito principal fue calmar la agitación social. Giussepe estimó que el aumento podría rondar los US$ 20, una cifra que considera insuficiente frente a una canasta básica familiar que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se ubica en US$ 677 a febrero de 2026.
El gobierno se enfrenta a un dilema: un aumento salarial significativo podría exacerbar la inflación, que cerró 2025 en 475% y ya alcanzó el 51,9% en los dos primeros meses de 2026, según estadísticas oficiales. Rodríguez advirtió que más ingresos al trabajador, realizados sin respaldo, disparan la inflación y destruyen su poder de compra .
La situación económica general del país sigue siendo precaria. El Producto Interno Bruto (PIB) real de 2025, aunque superior al de 2020, representa apenas el 36% del nivel de 2012, año de bonanza petrolera. El gobierno ha prometido destinar los recursos provenientes de la recuperación de activos y recursos bloqueados a la rehabilitación de la infraestructura básica y la inversión productiva, con el objetivo de mejorar las pensiones y los ingresos de los trabajadores.
Un factor clave en esta estrategia es el aumento de la producción petrolera, que en febrero superó el millón de barriles diarios, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El gobierno ha impulsado una nueva ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera, pero aún se requiere un esfuerzo considerable para revertir el desbalance del sistema previsional.
El gobierno reconoció que hay más pensionados que cotizantes a las pensiones, estimando 5,3 millones de trabajadores activos (principalmente del sector público) y 5,7 millones de pensionados. Esto implica que el Estado financia el 91% del pago de las pensiones. Giussepe señaló que los pensionados reciben US$ 30 o US$ 40 , lo que genera una situación de inanición laboral para gran parte de la población.
El sistema de pensiones se ve afectado por la alta informalidad laboral y el congelamiento del salario, ya que los bonos no se consideran para el cálculo de los aportes. Además, en el sector privado, la dolarización de facto lleva a que muchas empresas paguen parte de los sueldos por fuera de lo declarado .
El éxodo de casi 8 millones de venezolanos en los últimos años, muchos de ellos en edad laboral, ha agravado aún más el desbalance. Ante esta situación, Rodríguez hizo un llamado a los migrantes a regresar al país, destacando la necesidad de construir una nueva institucionalidad estatal digital, transparente, moderna, eficiente y profesional . Sin embargo, las expectativas de retorno entre los venezolanos en el extranjero siguen siendo escépticas.
Giussepe considera que las condiciones actuales no son propicias para un retorno masivo. No van a venir sin una mejora salarial , afirmó, enfatizando la necesidad de reactivar los créditos a empresas y combatir la inflación. ¿Qué sentido tiene que traigas a dos millones de venezolanos si van a estar desempleados? Si llegan y tienes las máquinas paradas, la situación se complica. El estímulo de la industria es el consumo , explicó. Nadie va a venir a pelear en una economía informal , concluyó. La promesa de un incremento responsable del salario mínimo, por lo tanto, se presenta como un desafío crucial para el gobierno venezolano, que busca equilibrar las necesidades de la población con las limitaciones de una economía aún en recuperación.
