Tras la entrada en vigor de las últimas exigencias de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU) para los locales de venta de alimentos, diversos gremios ligados a la gastronomía y el comercio han evaluado el proceso de implementación, planteando aspectos que aún requieren mayor claridad. La normativa prohíbe ahora la entrega de artículos desechables para consumo al interior de los establecimientos, salvo aquellos fabricados en madera, papel o cartón biodegradable, lo que ha implicado un cambio significativo en la operación de restaurantes, locales de comida rápida y cafeterías.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) advierte que esta nueva etapa ha exigido una adaptación operativa considerable a los establecimientos, alterando prácticas habituales en la atención al público. Según María Teresa Vial, presidenta de la CCS, muchos locales han tenido que sustituir progresivamente envases, cubiertos, vasos, bandejas, tapas y otros elementos de un solo uso por alternativas reutilizables o materiales permitidos por la normativa. Esto implica una revisión de proveedores, la disponibilidad de insumos y los estándares técnicos de los productos utilizados.
Por su parte, Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), señala que la legislación presenta vacíos y espacios para interpretaciones que deberán aclararse con el tiempo. Si bien los gremios valoran el objetivo de la Ley PUSU y respaldan su implementación, mantienen inquietudes respecto a la falta de claridad sobre los materiales prohibidos y los mecanismos de verificación.
Carolina Cuevas Merino, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales de Chile, expresa su preocupación por la poca claridad sobre la implementación del sistema de certificación de plásticos, los mecanismos verificadores, los procesos de validación técnica de estos materiales y los tiempos para la exigibilidad de nuevas conductas, que permanecen en un territorio de ambig edad que contraviene el principio básico de certeza jurídica .
Uno de los principales inconvenientes introducidos por esta última etapa de la ley, según Picallo, es la prohibición de entregar sachets en los restaurantes, lo que ha generado molestias entre algunos clientes. El líder de la ACHIGA enfatiza la necesidad de encontrar una alternativa para el sachet, ya que actualmente no existe un reemplazo similar en el mercado. Además, señala la paradoja de que los supermercados pueden seguir vendiendo aderezos en envases plásticos sin inconvenientes.
La presidenta de la CCS afirma que las principales dificultades de las empresas se concentran en la necesidad de adecuar procesos operativos que forman parte estructural del funcionamiento diario de los establecimientos, especialmente en sectores donde la entrega de envases, utensilios y elementos de servicio está directamente vinculada a la atención al consumidor. Además, las empresas deben incorporar nuevos criterios operativos en su operación diaria, como distinguir entre consumo dentro y fuera del local, ajustar los protocolos de entrega y capacitar a los equipos de trabajo.
La presidenta de la Cámara de Centros Comerciales señala que se ha avanzado hacia el uso de materiales más amigables con el medio ambiente, aunque aún persisten interrogantes en cuanto a la certificación de los plásticos autorizados y su fiscalización. Además, destaca las diferencias entre los materiales que se pueden entregar desde los locales y los que se utilizan para el delivery.
Desde ACHIGA advierten sobre la falta de difusión de la ley, especialmente en regiones, donde aún se utiliza plumavit, un material prohibido desde antes del inicio de la normativa. Picallo señala que existe un desconocimiento generalizado en la industria, ya que las grandes cadenas han seguido de cerca el proceso, pero en los pequeños negocios ni siquiera saben que existe esta normativa.
Las municipalidades, en su rol fiscalizador, cumplen un papel fundamental, aunque no todas están al tanto de las exigencias de la ley. María Teresa Vial indica que es relevante contar con una interpretación oficial que entregue criterios claros que faciliten el cumplimiento y resguarden una implementación normativa homogénea. La experiencia demuestra que las políticas públicas ambientales alcanzan mejores resultados cuando se implementan con gradualidad, certeza jurídica y criterios uniformes. Por eso, como gremio presentamos oficios ante el Ministerio del Medio Ambiente y la Contraloría General de la República pidiendo formalmente aclaraciones , indica Vial.
En respuesta a esta solicitud, la cartera medioambiental envió un oficio a las municipalidades del país para precisar los aspectos cruciales de la entrada en vigencia y la exigibilidad de la Ley PUSU a nivel nacional.
Cuevas considera que una interpretación oficial contribuiría enormemente a clarificar las zonas grises, ordenar la temporalidad y las nuevas etapas de esta normativa, permitiendo así cumplirla y lograr disminuir el impacto al medioambiente.
Finalmente, Picallo agrega que la industria está a la espera de la instalación de las nuevas autoridades para ver cómo podemos trabajar estos puntos para dar mayor certeza jurídica y ojalá ir resolviendo sobre la marcha aquellos temas que la ley puede tener para los comercios, consumidores y fiscalizadores . La colaboración entre el gobierno y los gremios se presenta como clave para una implementación exitosa y efectiva de la Ley PUSU, asegurando la protección del medio ambiente sin obstaculizar el funcionamiento de los negocios.
