El Congreso se encuentra en el centro de una tormenta política tras revelaciones impactantes sobre presuntas irregularidades en licitaciones estatales otorgadas a empresas chinas. El congresista Héctor Valer, presidente de la Comisión investigadora, ha expuesto un informe final que involucra a cuatro exmandatarios –Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo– en un entramado de posibles delitos que podrían reconfigurar el panorama político peruano. La magnitud del expediente, que alcanzaría el millón de hojas, y la implicación de un exministro de Estado, añaden una capa de complejidad a este caso que ha sido mantenido en reserva por meses, generando controversia y acusaciones de encubrimiento.
La decisión del Congreso de rechazar la publicidad del debate del informe, bloqueada según fuentes parlamentarias por el fujimorismo, ha intensificado las sospechas sobre la voluntad de transparentar las investigaciones. Valer ha defendido la necesidad de mantener la información en reserva para proteger las pruebas que sustentan las acusaciones contra las cinco presuntas organizaciones criminales lideradas por los ex presidentes y el exministro. “El artículo 88 del reglamento del Congreso de la República así manda. Todas las comisiones tienen esa facultad jurisdiccional”, declaró el congresista, enfatizando la potestad de la comisión para mantener la confidencialidad de la investigación.
El núcleo del caso se centra en el periodo 2018-2022, durante el cual se habrían manipulado las licitaciones para favorecer a las empresas chinas. Las investigaciones, que concluyeron en 2023 con la presentación del informe final al Pleno del Congreso, se vieron interrumpidas por un cuarto intermedio solicitado en 2024, lo que generó críticas y sospechas sobre posibles intentos de dilatar el proceso. La situación se complicó aún más con las revelaciones periodísticas sobre un presunto conflicto de intereses que involucra al congresista José Jerí, miembro de la Comisión de Fiscalización, quien habría estado vinculado a gestiones de lobby en favor de las empresas chinas bajo sospecha.
Valer ha detallado cómo, durante el gobierno de Martín Vizcarra, la relación con el capital asiático trascendió la simple firma de contratos. Según el legislador, se implementó una estrategia deliberada para modificar el marco normativo con el objetivo de blindar la participación de los consorcios extranjeros. “Se llegó al extremo de alterar diversas normas legales para favorecer exclusivamente a las empresas chinas, desplazando y desfavoreciendo deliberadamente a las compañías peruanas”, afirmó Valer, denunciando una política que habría perjudicado a la industria nacional.
En cuanto a Manuel Merino, su breve gobierno de cuatro días también está bajo escrutinio debido a la firma de un convenio con una empresa china por casi 100 millones de soles, autorizado por el entonces ministro de Transporte, Augusto Valqui. Valqui ya ha comparecido ante el Congreso para presentar sus declaraciones sobre el asunto.
Francisco Sagasti, por su parte, ha enviado una carta a la comisión para esclarecer los hechos, pero las investigaciones revelan la existencia de alrededor de 93 contratos con 13 empresas chinas por más de 10 mil millones de soles durante su administración. A pesar de las irregularidades, estas compañías continuaron obteniendo contratos con el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, incluso después de que se constató que muchas de las obras en las que participaron fueron abandonadas y que no se realizó el pago a las micro y pequeñas empresas que habían recibido adelantos financieros.
El caso, conocido como ‘Chifagate’, se originó a raíz de una serie de reuniones reservadas del congresista José Jerí con el empresario de origen chino Zhihua Yang en un restaurante chino en el centro de Lima. Las reuniones, realizadas de manera clandestina y sin registros públicos, han generado interrogantes sobre la posible injerencia del empresario en decisiones gubernamentales y la obtención de beneficios en contratos estatales. Jerí ha reconocido conocer a Yang desde 2024 y se ha disculpado por la forma en que se realizaron las reuniones, incluso admitiendo haber utilizado capuchas o lentes oscuros para evitar ser identificado, pero ha negado rotundamente cualquier acto indebido o vínculo entre los encuentros y las concesiones del empresario.
La Fiscalía continúa investigando el presunto tráfico de influencias e intereses ilícitos que surgieron a partir de estas citas “circunstanciales”, como las denominó el Ejecutivo en ese momento. La investigación busca determinar si existió una coordinación entre Jerí y Yang para favorecer a las empresas chinas en las licitaciones estatales.
La revelación de este entramado de presuntas irregularidades ha generado una ola de críticas y exigencias de transparencia por parte de la oposición y la sociedad civil. Se ha solicitado la creación de una comisión especial para investigar a fondo el caso y llevar a los responsables ante la justicia. La incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y la posibilidad de que se dilaten aún más han alimentado el escepticismo y la desconfianza en las instituciones del Estado.
El impacto de este escándalo podría ser significativo, no solo para los exmandatarios y el exministro involucrados, sino también para la credibilidad del sistema político peruano. La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en demandas urgentes de la ciudadanía, que exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para aquellos que hayan abusado de su poder y defraudado al Estado. La resolución de este caso podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Perú.
